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Economía


Reclamo de tierras convierte un fértil valle de Honduras en campo de guerra

El reclamo de tierras por parte de grupos campesinos en el Caribe de Honduras ha convertido el fértil valle de Aguán en un campo de guerra entre labriegos y guardias privados de fincas de palma africana, que ha dejado decenas de muertos y obligado a desplegar cientos de militares y policías.

Tegucigalpa, EFE 24 de agosto de 2011

Diversas fuentes coinciden en que en los últimos tres años se han registrado en el lugar unos 40 asesinatos de campesinos, guardias y personas ajenas al conflicto, muchos de ellos en las últimas semanas, en lo que parece ser un recrudecimiento del enfrentamiento armado.

Uno de los grupos que demanda la tenencia de los terrenos es el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (Muca), cuyo secretario general, Johnny Rivas, dijo a Efe que "existen 40.000 campesinos en extrema pobreza y necesitados de un pedazo de tierra para producir".

Rivas explicó que el Muca, que aglutina a 2.800 familias, viene negociando con relativo éxito desde hace más de un año la entrega de tierras para sus afiliados, y que ahora que están cerca de una solución, los terratenientes, que no identificó, están mandando a "asesinar a los campesinos".

Uno de esos acuerdos se alcanzó en junio pasado entre el presidente hondureño, Porfirio Lobo, y el empresario Miguel Facussé, e incluía la compra por parte del Gobierno de poco más de 4.000 hectáreas de tierras para entregárselas a los campesinos.

En las últimas dos semanas han sido asesinadas al menos quince personas, entre ellas el vicepresidente del Muca, Pedro Salgado, y su esposa Reina Mejía, así como el presidente del Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán (Marca), Secundino Ruiz, en dos hechos separados.

La semana pasada también fueron asesinados seis empleados de una finca de palma africana propiedad de Facussé, en una emboscada tendida por presuntos campesinos, según algunos compañeros de las víctimas.

A raíz esos hechos, el Gobierno envió una fuerza de 600 hombres, entre policías y militares, para "poner orden", según dijo Lobo el lunes pasado a los periodistas, al destacar que estaba "preocupado" por lo que ocurre en el Aguán.

Por su parte, el ministro hondureño de Seguridad, Oscar Álvarez, dijo que los agentes efectuarán operativos para "desarme general", mientras portavoces policiales han señalado que también tienen órdenes de sacar a los campesinos invasores de terrenos privados.

Al respecto, uno de los mediadores en el reclamo de tierras que hace el Muca, Juan Almendárez, dijo a Efe que la presencia militar y policial no es para poner orden, sino "para debilitar la dirigencia campesina".

Almendárez, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, recordó que la pugna en el Aguán data de hace más de 30 años, y que la situación no se resuelve con armas "sino dándole tierra al campesino, asistencia técnica y crediticia para que cultive la tierra".

En su opinión, la disputa en el Aguán está asociada a un reducido número de terratenientes y una política con multinacionales "para aniquilar al campesino, favoreciendo el monocultivo" de palma africana para utilizarla como "combustible sustituto del petróleo".

Para resolver la crisis en el Aguán, Rivas propuso derogar la Ley de Modernización Agrícola aprobada en la Administración de Rafael Callejas (1990-1994), "que permitió la concentración de la tierra", y "sustituirla por una ley de transformación del campo para favorecer al campesino".

Almendárez y Rivas coincidieron en rechazar que entre los campesinos organizados haya "infiltrados" nicaragüenses y venezolanos entrenándolos militarmente, como dejó entrever la semana pasada el jefe del contingente policial enviado a la zona, Julio Espinal.

No obstante, Rivas no descartó que haya algunos sectores campesinos que tengan armas y que grupos de "delincuentes" se estén aprovechando de la crisis en el Aguán para cometer crímenes.

El empresario Facussé, por su parte, acusa a los campesinos de provocar los conflictos armados con los guardias de seguridad por su insistencia en invadir las fincas.

En el sector del Aguán hay otro problema que, aunque es ajeno a la tenencia de la tierra, provoca violencia armada: el narcotráfico.

Para Almendárez ese es un problema adicional que las autoridades no han podido resolver "por incapacidad" y porque los cuerpos de seguridad, salpicados por la corrupción, "no han sido depurados".



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