La Fiscalía propone a las policías investigar las llamadas al móvil de conductores accidentados

La Fiscalía de Sala de Seguridad Vial envió este jueves un oficio a las policías judiciales de tráfico para que investiguen las llamadas del teléfono móvil previas a los accidentes por si pueden catalogarse como imprudencia grave por la desatención del conductor al volante, lo que puede conllevar penas de prisión de hasta cuatro años si se produce un fallecimiento o hasta tres años si el siniestro ha causado lesiones a alguna persona.

Que! 26 de julio de 2018

La Fiscalía propone a las policías investigar las llamadas al móvil de conductores accidentados
Foto: Pixabay

El fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, anunció esta medida este jueves en una rueda de prensa en Madrid, en la que dio a conocer las principales cifras de 2017 sobre las consecuencias penales que tienen para los conductores incumplir las normas de tráfico.

Vargas mostró su preocupación por el repunte de la siniestralidad vial después de que en los últimos cuatro años se haya producido aumentos consecutivos de fallecidos por accidentes de tráfico en las ciudades y las carreteras españolas, puesto que 2013 acabó con 1.680 muertos, cifra que se incrementó a 1.688 en 2014, 1.689 en 2015, 1.810 en 2016 y 1.830 en 2017.

Descartó "de modo categórico" que ello se deba al incremento de la movilidad en las carreteras y a la recuperación económica, lo que calificó de "excusa", y sentenció que el uso del teléfono móvil, los excesos de velocidad y el consumo previo de alcohol, drogas y psicofármacos son "el quinteto de la muerte" por accidentes de tráfico.

Vargas indicó que hoy envió un oficio a las policías de tráfico en el que propone que, si sospechan de ello, investiguen si un conductor ha realizado llamadas desde el teléfono móvil antes de verse implicado en un accidente por si puede determinarse que ello fue determinante.

En tal caso, esa conducta podría considerarse como imprudencia grave; en el caso de fallecimiento se enfrentaría a una pena de prisión de uno a cuatro años y la privación del permiso de conducir hasta seis años, y si se han producido lesiones e alguna persna, la pena puede llegar hasta tres años de prisión y no poder conducir hasta cuatro años.

El fiscal sentenció que la utilización del teléfono móvil al volante es "principalísima causa de siniestralidad" y sospechó que "una parte" de las 600 personas que murieron el año pasado al salirse de la vía y "un número elevado" de accidentes con lesiones se debieron al uso de ese dispositivo tecnológico.

En esta línea, insta a las policías a indagar si la utilización del navegador, manos libres u otros dispositivos tecnológicos del vehículo son causantes de distracción y, en tal caso, elaborar un informe para determinar si hay imprudencia ante un accidente.

Además, sugirió a las policías que éstas incrementen los controles de velocidad para "reducir el sentimiento de impunidad que se ha ido acelerando estos años", así como que aumenten los controles de alcohol y drogas.

Casi 82.000 conductores condenados

Por otro lado, el año pasado se dictaron en España un total de 81.951 sentencias condenatorias contra conductores por infringir el Código Penal en materia de seguridad vial, lo que representa un 1,4% más respecto a las 80.831 de 2016.

Del total de esas condenas en 2017, el 62,3% (exactamente, 51.085) corresponden al delito de conducción bajo los efectos del alcohol o de las drogas y un 31,8% (26.032) por manejar un vehículo sin el permiso de conducir por no haberlo tenido nunca, pérdida total de puntos o decisión judicial. La mayoría de las condenas se dieron en Cataluña (14.377), Andalucía (14.233), Comunidad de Madrid (10.650) y Comunidad Valenciana (10.290).

Las condenas a los conductores suponen un 32% del total de las dictadas por los tribunales españoles por cualquier clase de delitos, esto es, una de cada tres sentencias condenatorias lo fueron por delitos contra la seguridad vial.

Vargas indicó que el 90% de esas condenas por delitos contra la seguridad vial fueron de conformidad, lo que permitió el "cumplimiento inmediato" de 55.890 penas de privación del derecho a conducir y 2.075 pérdidas de vigencia del permiso. El año pasado hubo cerca de 53.000 penas de multa a conductores y 25.494 penas de trabajos en beneficio de la comunidad.