Dolores Delgado cuestionó la "Justicia digital inoperante" y pidió "objetividad" en los nombramientos

Delgado hizo estos planteamientos dentro de los mensajes que dirigió a sus compañeros del Ministerio Público como candidata al Consejo Fiscal por parte de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Servimedia 6 de junio de 2018

La futura ministra de Justicia, la fiscal Dolores Delgado, hizo campaña para entrar en el Consejo Fiscal, cosa que finalmente logró, denunciando que en España existía una "Justicia digital inoperante" y que era necesaria mayor "objetividad" en los nombramientos en los tribunales.

Delgado hizo estos planteamientos dentro de los mensajes que dirigió a sus compañeros del Ministerio Público como candidata al Consejo Fiscal por parte de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

En concreto, en uno de estos mensajes, que figura en la web de la UPF y está fechado el pasado 16 de marzo, la futura ministra de Justicia escribió textualmente lo siguiente: "Creo firmemente en nuestra carrera (fiscal) y en el esfuerzo realizado cada día en la defensa del interés general. Precisamente por ello, necesitamos dignificar nuestro trabajo sea cual fuere el destino ocupado".

"TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL"

Delgado añadía que "el Consejo Fiscal, órgano esencial de nuestra institución, debe contribuir a ello". También apuntaba que este órgano debía ser un "cauce" para "decir 'no' a una Justicia digital inoperante"; "para decir 'sí' a la transparencia institucional'; "para decir 'sí' a la objetividad y mérito en los nombramientos"; y "para tener el protagonismo que como principales actores procesales nos corresponde, tanto en número de plazas como en desarrollo normativo".

La futura titular de Justicia, nacida en Madrid en 1962, cuenta con 28 años de servicio, 25 de ellos desarrollados en la Audiencia Nacional con asuntos de narcotráfico, terrorismo de ETA y terrorismo yihadista.

Firme partidaria de la justicia universal, desde la Audiencia fue colaboradora habitual del exjuez Baltasar Garzón. En este sentido, desde el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011, preparó la documentación para detener al dictador libio Muamar Gadafi y juzgarle por crímenes contra la humanidad.