La ONU pide investigar el incendio en una cárcel de Venezuela donde han muerto 70 personas

El organismo internacional también denunció el "hacinamiento generalizado" en los presidios del país caribeño.

Servimedia 29 de marzo de 2018

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reclamó este jueves a las autoridades de Venezuela la puesta en marcha de una investigación "pronta, exhaustiva y efectiva" para esclarecer las causas del incendio en una cárcel que ha causado la muerte de cerca de 70 personas. El organismo internacional también denunció el "hacinamiento generalizado" en los presidios del país caribeño.

La ONU emitió un comunicado para mostrar su consternación por las muertes de, al menos, 68 personas después de que un incendio arrasara un penal de la Policía Estatal de Carabobo donde al parecer se produjo un motín durante la madrugada.

Naciones Unidas instó a las autoridades venezolanas a poner en marcha una investigación "pronta, exhaustiva y efectiva" para esclarecer las causas de estas muertes, "proporcionar reparaciones" a las familias de las víctimas e identificar a los responsables para ponerlos a disposición de la justicia.

También mostró su preocupación por la existencia de informes que indican que las fuerzas de seguridad venezolanas utilizaron gases lacrimógenos para dispersas a los familiares que se habían congregado frente al penal para conocer la suerte de sus seres queridos.

"CONDICIONES TERRIBLES"

La ONU subrayó que las prisiones de la policía venezolana son "usadas usualmente como centros permanentes de detención", denunciando el "hacinamiento generalizado" y la "condiciones terribles" en que se encuentra las personas allí retenidas.

A su vez, alertó de que las "malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales, y el uso excesivo de la detención preventiva", desencadenan "reiterados hechos de violencia y motines".

Ante esta situación, reclamó al Gobierno venezolano la adopción "inmediata" de medidas que mejoren las condiciones de detención según lo establecido por las normas y estándares internacionales de derechos humanos, incluida la prohibición de la tortura, los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.

Por ello, animó a las autoridades del país caribeño a que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura para que se ponga en marcha un control independiente de centros de detención por parte de un mecanismo internacional.