La DGT estudia bajar el límite de 100 a 90 km/h en algunas carreteras

Forma parte de la reforma de la Ley de Tráfico

Qué! 20 de marzo de 2018

La DGT estudia bajar el límite de 100 a 90 km/h en algunas carreteras
Foto: Archivo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) baraja incluir en la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial una reducción del límite de velocidad de 100 a 90 km/h en algunos tramos de carreteras convencionales.

Así lo anunció este martes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en una rueda de prensa en Madrid, donde presentó el dispositivo especial de la DGT para esta Semana Santa, que estrenará "patrullas integrales" de motoristas equipados con 'mini-radares', etilómetros y detectores de drogas para hacer controles 'in situ' y sancionar en el acto al conductor que supere los límites de velocidad o alcohol, o tenga drogas en su organismo.

Zoido comentó que desde la DGT "se están barajando" algunas medidas en la reforma de la Ley de Tráfico, como rebajar el límite de velocidad de 100 a 90 km/h en determinadas carreteras convencionales, como así ocurre "en todos los países de nuestro entorno de la UE".

"También hay otra serie de medidas que se están estudiado para poder incorporarlas a la ley, pero todavía no hay ninguna medida que podamos decir que ya está decidida en su totalidad. Estamos en los momentos previos", precisó.

Zoido indicó que Tráfico ultima cambios normativos con la opinión de expertos y con diversos estudios, con el fin de que la nueva ley pueda "garantizar mejor la seguridad en nuestras vías de circulación".

La reducción del límite de velocidad de 100 a 90 km/h ya se contempló en la reforma del Reglamento General de Circulación que preparó la DGT en 2015 cuando María Seguí estaba al frente de este organismo, pero esta propuesta quedó en un cajón ante la resistencia del Ministerio del Interior a modificar esa norma y tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado.

Ese borrador del Reglamento General de Circulación, al que tuvo acceso Servimedia, señalaba que el límite en carreteras convencionales para coches, motos y cuadriciclos bajaría de 100 a 90 km/h cuando circulen por una vía con un ancho de al menos 6,5 metros (baremo que sustituye a los actuales 1,5 metros de anchura del arcén), de 90 a 70 km/h si la calzada es menor de 6,5 metros y con marcas de separación entre ambos sentidos, y de 90 a 50 km/h si tiene menos de 6,5 metros y no hay líneas discontinuas entre los carriles. Y en las vías secundarias sin pavimentar no se podria circular en ningún caso a más de 30 km/h.

PROTOCOLOS ANTICONTAMINACIÓN

Esa novedad anunciada por Zoido se añade a otra que podría incluir la reforma de la Ley de Tráfico, puesto que la DGT incluye en el borrador del texto que los conductores pierdan puntos en su carné si incumplen las restricciones medioambientales que impongan los ayuntamientos en episodios de alta contaminación, como ya hacen Madrid y Barcelona.

Así lo asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado Antoni Postius (PDeCAT), que preguntó al Ejecutivo las previsiones sobre modificar la Ley de Tráfico para tipificar una infracción específica para el incumplimiento de las medidas especiales de la ordenación de la circulación por razones medioambientales.

La respuesta, recogida por Servimedia, indica que el Ministerio del Interior trabaja en un nuevo marco normativo del tráfico y la seguridad vial, y que pretende con la futura ley "afrontar de manera más efectiva los retos actuales de la movilidad segura y sostenible, tanto en ciudad como en carretera, y uno de esos retos es la respuesta eficaz al control medioambiental de la movilidad".

Así, el borrador del anteproyecto de ley recoge varias medidas sobre el impacto ambiental de la circulación, entre ellas considerar como infracción grave el incumplimiento de las restricciones medioambientales, lo que, según la normativa actual, acarrea una sanción de 200 euros. "Incluso se contempla la posibilidad de detracción de puntos para este tipo de infracciones", añade.

Otras medidas son el establecimiento de las competencias de las administraciones públicas y la coordinación entre ellas, y la definición de las Áreas de Prioridad Residencial (APR) y de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).