El PP denuncia que el Ayuntamiento ya ha pagado 20 millones en su gestión de la municipalización

Inés Sabanés, delegada de Medio ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, ha reconocido no haber revisado los expedientes de Bicimad antes de municipalizar el servicio.

Servimedia 30 de enero de 2018

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, reconoció este martes no haber revisado los expedientes de Bicimad antes de municipalizar el servicio, pero lo atribuyó a que hacerlo fue la única alternativa que les dejó el anterior Gobierno municipal de Ana Botella si quería salvar el servicio de alquiler de bicicletas.

Lo hizo en la comparecencia que prestó en el Pleno ordinario de enero a petición del Grupo Socialista, y en la que heredó de la alcaldesa, Manuela Carmena, que era a quien había pedido explicaciones el Grupo Popular, pero que derivó en Sabanés.

El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, que empezó su intervención felicitando al Rey por su 50 cumpleaños y agradeciéndole su trabajo por la unidad de España y las libertades públicas, criticó a Carmena que la semana pasada reprochara al PP judicializar la gestión con su querella contra el contrato de Bicimad cuando el Gobierno municipal actual ha hecho lo mismo con la de los precedentes del PP, y preguntó si hubo una valoración económica previa a la municipalización del servicio de bicicletas que justificara los 10,5 millones que se pagaron.

El portavoz de Medio Ambiente y Movilidad del PSOE, Ignacio de Benito, coincidió en que hay "dudas razonables" sobre ese contrato, pero se distanció de la supuesta intención del PP al pedir la comparecencia para aclararlas, y no, como los populares, para apuntar a la alcaldesa, "desprotegida" por la mala gestión de su equipo. Así, ratificó que los socialistas están de acuerdo con la municipalización de Bicimad, por lo que reclamó "transparencia" para que se disipen las dudas sobre "una decisión valiente y acertada" como fue salvar el servicio de bicicletas cuando la empresa que lo gestionaba, Bonopark, no podía hacerlo. En aras de esa transparencia, defendió la petición de reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la EMT, que gestiona el servicio, y la de que Sabanés desmontara con pruebas concluyentes las dudas razonables.

Sabanés comenzó su respuesta defendiendo la "obligación" y la "intención" del Gobierno municipal de "reflotar" un servicio "fundamental" como Bicimad. "Me podía haber dedicado a revisar sus expedientes. Consideré que lo fundamental y lo vital era reflotar el servicio, y a eso dediqué todos mis esfuerzos. Podía haber definido un sistema de actuación diferente y no lo hice", postuló, reconociendo implícitamente que no revisó el valor.

La delegada recordó que en 2009 se valoró en 52 millones el valor del servicio y se recomendó su gestión municipal, y que se desistió por la crisis económica, de forma que se concedió en contrato integral a Bonopark en un contrato por 21, que describió como "infumable" y "condenado al fracaso" y puesto en marcha en un "ejercicio de irresponsabilidad". También criticó al antiguo Gobierno municipal de Ana Botella por haber ampliado el servicio de Bicimad estando ya en funciones, a lo que atribuyó buena parte de la crisis de Bicimad.

En estas circunstancias, dijo que lo más cómodo para Ahora Madrid habría sido denunciar estas cosas del anterior equipo, haber dejado caer el servicio y volverlo a contratar, pero reivindicó su decisión para mantener la continuidad de Bicimad negociando con Bonopark, dado que las patentes estaban cautivas por el propio contrato del Gobierno de Botella con la empresa, que sentó esta "hipoteca" para el Consistorio.

Respecto a los 10,5 millones, "el precio que tanto les preocupa" al PP, defendió que entraba dentro de las estimaciones y prometió que se aclarará en la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la EMT solicitada por el PSOE, mientras acusó al consejero 'popular' en la misma de ser un "maleducado" por ir pidiendo documentos sueltos.

El portavoz de Medio Ambiente y Movilidad, Sergio Brabezo, comenzó ironizando sobre las "plañideras" que había llevado Ahora Madrid al Pleno como invitadas para ovacionar a Sabanés, y siguió criticando a Sabanés por seguir dejando caer Bicimad durante el primer año y medio de gobierno para luego recomprarlo a finales de 2016 en lugar de adquirir simplemente la patente; por 10,5 millones a una empresa cuyos activos valían 7 y que perdía 300.000 euros todos los meses. Así se tomó con sorna el "negocio" de que se pagara "para que la misma empresa que ha comprado el servicio lo vaya a mantener".

Brabezo criticó al PSOE por haberse fiado en su momento del precio pagado al rechazar una auditoría y una comisión de investigación, y ahora ponerse "digno" y pedir la comparecencia de Sabanés.

En su segundo turno, De Benito calificó de "patológica" la obsesión de Brabezo con el PSOE, y, respecto al tema de fondo, dijo que Ahora Madrid "ni siquiera cuando acierta", como al municipalizar Bicimad, "deja de equivocarse", y siguió recriminando la falta de transparencia de la municipalización y que los datos recogidos en los documentos sobre la operación no cuadran en el aspecto económico y uno de ellos aparecía firmado por un cargo que todavía no existía. Por tanto, concluyó que la gestión ha sido un caos y no era tan difícil hacer las cosas bien, por lo que en términos tenísticos sería "un error no forzado" que regala un punto al PP y Cs en un tema, el de Bicimad, que les da igual o querrían privatizar.

Almeida criticó que Sabanés no aportara ni un solo documento en su comparecencia, como le obligaría el tratarse de un contrato público, insistió en que el informe que justificaba el valor de 10,5 millones era falso; denunció que la EMT escribió un correo electrónico a la empresa que hizo la auditoría a posteriori en diciembre de 2017 días antes de iniciarse ésta y señalando que el informe era "el que hay que validar", por lo que la auditoría estaría teledirigida.

Además, cuantificó en 20 millones los que el Ayuntamiento lleva gastados en Bicimad, incluyendo material y servicios profesionales independientes abonados a Bonopark, y el acondicionamiento de los talleres y vestuarios del servicio en lugar de descontarlo a la empresa. Finalmente, incluyó en esa cuantía que, como publica hoy 'Abc', la empresa que está detrás de Bonopark tiene el mismo domicilio social y personal que otra, Booster-Bikes, que va a ser adjudicataria de otro contrato municipal.

Sabanés cerró la comparecencia insistiendo en defender el precio pagado de 10,5 millones por los intangibles de una marca consolidada, contestó a Brabezo que comprar la patente ya habría costado tres y replicó que los últimos contratos a los que se había referido Almeida están publicados, y que una de las supuestas empresas pantalla de Bonopark es la proveedora tecnológica de las bicicletas y su anagrama está impreso en éstas a la vista de todo el mundo.