La cúpula de Gallardón comienza a declarar hoy en la Audiencia Nacional por la compra irregular de Inassa

Los investigados por este caso declararán entre los días 9 y 15 de enero. El juez atiende así la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la imputación de todos ellos y su declaración.

Servimedia 9 de enero de 2018

La cúpula de Gallardón comienza a declarar hoy en la Audiencia Nacional por la compra irregular de Inassa
Foto: Twitter

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la 'operación Lezo', Diego de Egea, comenzará a tomar declaración hoy a la cúpula del Gobierno de la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón en relación a la presunta compra irregular de la sociedad colombiana Inassa por el Canal de Isabel II.

Entre los investigados por este caso de corrupción llamados a declarar entre los días 9 y 15 de enero están el actual presidente de Adif, Juan Bravo; el exconsejero Pedro Calvo y el ex director gerente del Canal de Isabel II y recientemente dimitido presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda.

El juez atiende así la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la imputación de todos ellos y su declaración. Les seguirán otros 22 investigados (figura equivalente a la de imputado).

En esos días también deberán declarar los demás miembros del Consejo de Administración del Canal. Se trata de Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz.

Para el resto de investigados aún no hay fecha de declaración. Todos ellos aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial latinoamericana Inassa en 2001.

Anticorrupción se dirigió al juez para pedirle una serie de diligencias que permitieran confirmar "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público de esta sociedad colombiana".

La investigación está en situación incipiente, por lo que el Ministerio Público solicitaba la declaración de todos ellos y diversa documentación sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno del 29 de noviembre de 2001 que autorizó la compra de Inassa. La Comunidad de Madrid debía presentar esos documentos en un plazo no superior a 10 días.

Entre esa documentación, el fiscal quería la "identificación completa de todos los miembros del Gobierno" que presidía Gallardón, así como el acta de la reunión en que adoptaron dicho acuerdo sobre Inassa.

También pidió "testimonio de la totalidad de la documentación que se le trasladó a los miembros de dicho Consejo para valorar esta operación y, consecuentemente, sustentar su decisión, especificando claramente si se les trasladó el mismo dossier de documentación" que aprobó el Canal de Isabel II.

En esta situación se encuentran todos los miembros del Consejo de Administración del Canal que el 14 de noviembre de 2001 votaron a favor de la adquisición de la sociedad Inassa: Pedro Calvo Poch, Ignacio López-Galiacho Perona, Juan María del Alamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Juan Bravo Rivera, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri Ruiz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña, Roberto Sanz Pinacho.

Figuran también Arturo Canalda como el director gerente del Canal que diseñó la operación; Gaspar Cienfuegos-Jovellanos Fernández, consejero de Canal Extensia, la empresa se creó para materializar la compra de Inassa; Pablo López de las Heras, subdirector de Nuevos Negocios del Canal; José Antonio de Cachavera Sánchez, director económico del Canal; Salvador Cardona Aucejo, Javier Vilaplana Oliva, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios Ortega, Santiago García Benavides y Ángel Conde Álvarez.

IMPUTACIÓN DE GALLARDÓN

La Fiscalía señalaba en su escrito que deja abierta la imputación de Gallardón y de todo su Consejo de Gobierno porque falta por analizar documentación. "Hasta la fecha no obra incorporado a las actuaciones ni el acta redactada sobre este Consejo de Gobierno ni la concreta documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar su acuerdo, información que resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad que adoptaron este acuerdo", indica.

En ese Consejo, aparte de Ruiz-Gallardón, había 11 consejeros. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo, Paz González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez.

El Canal de Isabel II pagó 73 millones de dólares (83,6 millones de euros) por el 75% de esta compañía cuyos dueños habían pagado un año antes poco más de 7 millones de dólares (8 millones de euros) por el 25%. La empresa, estima el Ministerio Público, como mucho valía 30 millones de dólares.

Señala también que esta operación se materializó el 13 de diciembre de 2001 "contraviniendo de plano los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del Canal y el Consejo de Gobierno de la Comunidad, ya que, además de excederse en el objeto autorizado, al adquirirse, junto con el 75% del capital social de Inassa, el 51% de una sociedad dominicana llamada Watco, se hizo de forma distinta a la autorizada, no efectuándose, tal y como se había aprobado, su compra directa sino que se utilizó una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal, ya que lo que compraron en realidad fue la totalidad de una sociedad panameña llamada SAA".

Las irregularidades apreciadas en la adquisición de Inassa se centran, de un lado, en la forma en que se planificó y ejecutó la compra (excediendo las condiciones autorizadas por el Consejo de Administración del Canal y por el Gobierno regional) y, de otro, en la determinación del precio (73 millones de dólares), ya que la Fiscalía aprecia "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración -de Inassa- y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal debió velar al haberse financiado esta operación con fondos públicos" de la Comunidad de Madrid.