El Gobierno aprueba que las plataformas como Airbnb deban identificar a inquilinos y caseros

El objetivo es fomentar la utilización de medios electrónicos para garantizar unas relaciones ágiles entre Administración tributaria y contribuyentes.

Servimedia 29 de diciembre de 2017

El Gobierno aprobó este viernes que las plataformas colaborativas como Airbnb, que intermedian en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos, tengan que identificar a los inquilinos y los caseros.

Esta es una de las modificaciones contempladas en los cuatro reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros en relación con los Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria: el Reglamento de Aplicación de los Tributos, el Reglamento General de Recaudación, el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario, el Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa, además del Real Decreto por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.

Estos cambios en las obligaciones de estas plataformas, que persiguen fines de prevención del fraude fiscal, contemplan también que se informe sobre la vivienda cedida y el importe por el que se ha alquilado. El régimen de esta nueva obligación se desarrollará por orden ministerial.

Además de luchar contra el fraude, estas reformas persiguen la agilización de las relaciones jurídico-tributarias, el incremento de la eficacia administrativa, el reforzamiento de la seguridad jurídica y la reducción de la litigiosidad.

Así se produce también una nueva regulación de las subastas administrativas a través del Portal de Subastas del BOE, el desarrollo reglamentario del nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información en el IVA (SII) y se fomenta la utilización de medios electrónicos en las relaciones de la Administración tributaria con los contribuyentes, para favorecer la agilización de dichas relaciones.

Entre las medidas introducidas, se puede destacar la obligación de presentar las consultas tributarias por medios electrónicos para los sujetos que deban relacionarse con la Administración por estos medios. También se adaptan los preceptos reglamentarios a la utilización de medios electrónicos en la emisión y notificación de comunicaciones, diligencias y actas.

Por lo que se refiere al Consejo para la Defensa del Contribuyente, se limita el periodo de mandato de los miembros elegidos en representación de la sociedad civil a cinco años renovables para facilitar la diversidad en la composición del Consejo. En el caso del presidente, se establece un periodo de tres años renovables.

Asimismo, se introducen cambios en el régimen de inadmisión de las quejas y sugerencias con el objetivo de agilizar su trámite, permitiendo que se dinamitan por reiteración.