El pleno del Ayuntamiento de Madrid pide al Gobierno que imponga una autorización municipal a las VTC

El PSOE ha propuesto en el pleno de hoy introducir una doble licencia a los vehículos VTC de Uber y Cabify.

Servimedia 29 de noviembre de 2017

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles por unanimidad instar al Gobierno a introducir una doble licencia a los vehículos VTC de Uber y Cabify, estatal y municipal, análoga a la que tienen que obtener los taxis, quienes hoy están en huelga en toda España por entender que sufren una competencia desleal por parte de los coches de alquiler con conductor.

El concejal del PSOE Chema Dávila presentó esta novedosa idea, que avanzó la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, y que recibió hoy el apoyo del PP y Ciudadanos, aparte del de Ahora Madrid, pese a que mantuvieron las críticas que hasta ahora habían formulado al respecto. El Ministerio de Fomento tendría que modificar la Ley de Ordenacion del Transporte Urbano para introducir esta licencia.

Dávila defendió la necesidad de acabar con esta discriminación, pues los vehículos con licencia VTC no tienen que obtener una licencia municipal y, sin embargo, pueden circular por la ciudad. Ahora, con la sentencia del Tribunal Supremo que avaló 60 solicitudes y podría tener efecto llamada a más, si los ayuntamientos no regulan la proporción "significa la ruina del sector del taxi". Por tanto, estima que "no podemos esperar ni un segundo más para regular el sector VTC".

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, añadió que, aunque las licencias las den el Gobierno y la Comunidad, el problema de la colisión entre las VTC y el taxi "se concentra en las ciudades", y aseguró que, ahora mismo, en Madrid la proporción es de un taxi por cada 5,7 licencias VTC los días de diario y uno por cada 3.6 los fines de semana, en lugar del uno por cada 30 que se decretó antes de la ley Ómnibus de 2009. A ello se añade el límite de horario de los taxis.

"Es imposible que conviva un sector absolutamente regulado con otro absolutamente desregulado", advirtió Sabanés, quien teme que con las 2.200 licencias que ya hay en Madrid, los coches que teniéndola fuera pueden entrar en la ciudad y el efecto llamada de las sentencia del Supremo, sólo pueda llegar la "desaparición del sector del taxi"; por tanto, el de las VTC es "un sector que tenemos que ordenar".

Desde Ciudadanos, Sergio Brabezo matizó que la Ley Omnibus que obligó romper la proporción 1-30 la aprobó el Gobierno del PSOE en 2009 y que donde se debe discutir este tema es en la Comunidad o el Estado, que tienen las competencias, en tanto que el Ayuntamiento debería mejorar la inspección del intrusismo de las VTC en el aeropuerto y las estaciones, y aprobar el bono social o tarifas reducidas y una reducción fiscal para mejorar la competitividad del sector.

En nombre del PP, Luis Miguel Boto también insistió en la autoría de la Ley Ómnibus, mientras que Dávila recordó que esa ley fue una mera trasposición de una directiva europea y contestó que el PP no supo tapar esa laguna legal cuando le tocó gobernar, y que todas las licencias pedidas de VTC son posteriores a 2011.