La DGT convoca hoy a los examinadores en huelga para decretar servicios mínimos

Las autoescuelas proponen una privatización parcial del servicio de exámenes y Facua reclama diálogo a ambas partes.

Servimedia 28 de noviembre de 2017

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha convocado este martes al comité de huelga de los examinadores de tráfico para decretar servicios mínimos en diciembre, tal y como adelantó la semana pasada el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, si este colectivo prolongaba al mes próximo los paros que vienen manteniendo de lunes a miércoles desde el pasado mes de junio, con excepción de agosto.

Fuentes de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) informaron a Servimedia de que Tráfico ha convocado al comité de huelga a una reunión este martes en la sede de la DGT y que el contenido versará, "en principio, sobre servicios mínimos".

La mayoría de los examinadores de tráfico vienen manteniendo paros los lunes, los martes y los miércoles desde el pasado 19 de junio, salvo agosto, en demanda de una subida salarial de 250 euros mensuales como complemento específico y hoy cumplen 57 jornadas de huelga.

Representantes de la DGT y del comité de huelga se reunieron el pasado 14 de noviembre después dos meses y medio sin sentarse a una mesa, y entonces ambas partes coincidieron en que habían "acercado posturas", aunque admitieron que quedaban "detalles por cerrar" y se emplazaban a negociar "en los próximos días".

Sin embargo, el conflicto se ha enconado después de que Serrano dijera el pasado martes en una rueda de prensa que "hasta aquí ha llegado nuestra misión de intermediar" y emplazara a los examinadores a plasmar sus reivindicaciones en la mesa de diálogo de la Función Pública, donde hay representantantes de la Administración y de los sindicatos, y de que anunciara que la DGT decretará el 50% de servicios mínimos si la huelga continuaba en diciembre.

Entonces, Serrano admitió que los paros han provocado el aplazamiento de 193.978 pruebas prácticas (unas 3.000 de las más de 6.000 que se convocan cada día), aunque apuntó que desde el inicio de la huelga se han realizado 448.285 exámenes teóricos y 412.887 prácticos, con lo que no ha habido "caos y parálisis" en estos últimos meses.

Al día siguiente, el comité de huelga redobló el pulso a la DGT al registrar en la Delegación del Gobierno de Sevilla la documentación pertinente para ampliar los paros a diciembre. El presidente de Asextra, Joaquín Jiménez, anunció a Servimedia que los examinadores recurrirán a los tribunales el 50% de los servicios mínimos porque los dos reales decretos que los regulan, sobre todo el real decreto 1475/1988, no incluyen los exámenes de conducir entre las actividades sujetas a servicios mínimos ni los consideran como servicios esenciales. "Cuando nos lo impongan, lo recurriremos", zanjó.

Vanesa Fernández, miembro del comité de huelga de los examinadores de tráfico, ha publicado un comunicado dirigido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el que le insta a que en la reunión de este martes haya por parte de la DGT "una persona con capacidad de negociación y decisión, con amplitud de miras, con talante dialogante y con ganas de poner fin a este conflicto laboral que ya dura demasiado", con el fin de evitar "un cierre en falso de este conflicto".

AUTOESCUELAS Y CONSUMIDORES

Por su parte, la Junta Directiva de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) se reunió el pasado viernes en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde propuso un mayor número de examinadores y que el servicio de exámenes prácticos para sacarse el carné de conducir sea público-privado, como ocurre en Portugal.

"Que se mire hacia Europa, como Portugal, donde hay un servicio público y un servicio privado, o que se mire hara Alemania y otros países, donde lo resuelven empresas privadas, por supuesto supervisadas por la Administración Pública", declaró a Servimedia el presidente de la CNAE, José Miguel Báez.

El presidente de la patronal de autoescuelas indicó que este cambio de modelo "no debe ser nada que alarme", puesto que en España conviven lo público y lo privado en áreas como la sanidad y la educación, e incluso los aeropuertos, donde la seguridad corre a cargo de la Guardia Civil y de empresas privadas.

Por otro lado, el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, instó a la DGT a que "mantenga abierta la vía del diálogo" con los examinadores de tráfico porque los paros causan "un importante perjuicio a los usuarios que están a la espera de examinarse".

Sánchez precisó a Servimedia que no cuestiona el derecho a la huelga de los funcionarios, pero reclamó una solución al conflicto laboral porque "hay un perjuicio económico para los alumnos porque muchos, después de tanto tiempo de espera, van a tener que dar nuevas clases prácticas para estar familiarizados con la conducción".