La Audiencia Nacional rechaza anular el juicio por el chivatazo a Granados, como pedía su defensa

La Fiscalía pide 3 años de cárcel para el presunto cerebro de la "Trama Púnica" por el supuesto chivatazo que le dieron dos guardias civiles sobre la vigilancia a la que le tenían sometido.

Servimedia 14 de noviembre de 2017

La Audiencia Nacional alberga desde este martes el juicio contra el ex secretario general del PP de Madrid y cerebro de la 'trama Púnica', Francisco Granados, en el que la Fiscalía Anticorrupción solicitará para él tres años de cárcel por el supuesto chivatazo que le dieron en septiembre de 2014 dos agentes de la Guardia Civil sobre la vigilancia a la que le tenía sometida la Unidad Central Operativa (UCO), que también investigaba a su amigo y socio, el empresario David Marjaliza.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha rechazado la nulidad de la vista que había solicitado el abogado defensor del exdirigente popular, José Javier Vasallo, por la "falta absoluta de motivación" de ciertas pruebas y por el hecho de que Marjaliza no esté como acusado en este proceso.

Vasallo se quejó durante la exposición de las cuestiones previas del primer juicio por el 'caso Púnica' que celebra la Audiencia Nacional de que el presunto 'conseguidor' de la trama, David Marjaliza, no esté sentado en el banquillo de los acusados junto al que fue su socio.

Según el abogado, precisamente es el empresario David Marjaliza "la única persona que pudo obtener algún lucro" del chivatazo que supuestamente le dio el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino a Granados y a un exasesor suyo de la Comunidad de Madrid. Los tres están acusados por un delito de revelación de secretos por el que la Fiscalía pide tres años de prisión.

Ese beneficio se concretaría, según defendió, en la destrucción de pruebas y de documentación de la trama relativos al empresario, que consideró "pieza fundamental" y "el único que ha tomado medidas desde 2013" para ocultar sus actividades.

La defensa de Granados también pidió la nulidad de todas las intervenciones telefónicas porque vulneran el derecho de intimidad y del secreto de las comunicaciones de los acusados, que "infringen las reglas más elementales del control jurisdiccional que debió tomar el juzgado de instrucción".

La Audiencia Nacional juzga desde este martes el presunto chivatazo que Talamino habría dado a Granados en septiembre de 2014 acerca de la 'operación Púnica' que le llevó a prisión un mes después, lo que, según la Fiscalía, le permitió destruir pruebas y esconder dinero en efectivo no declarado, como el millón de euros que ocultó en el altillo de una habitación de sus suegros.