La Audiencia Nacional autoriza el registro de la furgoneta de los Mossos que llevaba documentos a una incineradora

La policía ha reclamado documentación que se considera "sensible" y que se iba a quemar.

Servimedia 26 de octubre de 2017

La Audiencia Nacional ha autorizado el registro de la furgoneta de los Mossos d'Esquadra que fue interceptada este jueves cuando trataba de acceder a una incineradora en la localidad barcelonesa de Sant Adrià del Besòs. La Policía Nacional tuvo que pedir esta mañana a la Audiencia Nacional que autorizara el registro del vehículo que trasladaba documentación para su destrucción.

Los agentes de la Policía impidieron esta mañana que los Mossos procedieran a la quema de documentación que consideran "sensible" y que podría tener relación con los hechos que investiga la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por un presunto delito de sedición.

Estas incineraciones de documentos se realizan de manera periódica. A la llegada de la pequeña comitiva de Mossos, han sido interceptados por varias decenas de agentes de la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía que les han impedido la quema.

La policía autonómica se ha negado a entregar estos documentos de los que, dicen, existe copia informatizada, si no es por orden judicial. La documentación se encuentra ahora en la Comisaría General de Información, en tanto no hay autorización judicial.

La Fiscalía y la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela investigan por un posible delito de sedición al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero; a la intendente del cuerpo Teresa Laplana y a los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que se encuentran en prisión desde el pasado 16 de octubre.

En el marco de estas investigaciones sobre el papel de los mossos el 1-O, la semana pasada, por orden de un juzgado de Lleida, la Guardia Civil entró en la comisaría de los Mossos en dicha ciudad y en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat para localizar comunicaciones entre los agentes de la policía catalana y sus mandos para poder evaluar su actuación esos días.

Ante esa presunta inacción de la policía catalana de cara al referéndum, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió la prisión del mayor Trapero, pero la juez Carmen Lamela rechazó aplicarle esta medida, "sin perjuicio de las posibles ampliaciones que puedan realizarse en el perímetro objetivo y subjetivo de las presentes diligencias".

El pasado viernes, y a petición de la Fiscalía, la juez comunicó oficialmente a la Consejería de Interior de la Generalitat las medidas cautelares de Trapero, "a los efectos legales que sean oportunos".