Estos son los cinco delitos a los que se enfrenta el presidente de la Generalitat

Podría enfrentarse no solo a la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno, sino también, a otros muchos delitos más graves como el de sedición, desobediencia o rebelión.

Qué! 10 de octubre de 2017

REBELIÓN

Según el artículo 473 del Código Penal, "las personas que han promovido y sostengan la rebelión serán castigadas con la pena de entre 15 y 25 años de cárcel e inhabilitación por el mismo tiempo". No obstante, para que haya delito de rebelión es obligatorio el uso de la fuerza. 

SEDICIÓN

Otro delito grave al que podría enfrentarse Puigdemont sería el de sedición. Dicho delito se le atribuye a las personas que se alcen "pública y tumultuariamente" para impedir "por la fuerza o fuera de las vías legales" la aplicación de las leyes o el ejercicio de las funciones de cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público como es el caso del mayor de los Mossos d'Escuadra, Josep Lluis Trapero. Tras la celebración del referéndum del 1 de octubre, la Fiscalía presentó una querella por malversación, desobediencia y prevaricación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), contra Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern que firmaron el decreto de la convocatoria del dicho referéndum. Por ello, el presidente de la Generalitat podría enfrentarse también a dichos delitos. 

MALVERSACIÓN

Según el artículo 432 del Código Penal, este precepto castiga el destino de fondos públicos a gastos diferentes a los inicialmente aprobados. Se castiga con una pena de dos a seis años de prisión.

PREVARICACIÓN

Este delito castiga a la autoridad pública que dicta "a sabiendas" una resolución injusta. El artículo 404 del Código Penal no contempla para este supuesto pena de cárcel, pero si una inhabilitación que se prolongará de 9 a 15 años.

DESOBEDIENCIA

Comete delito de desobediencia la autoridad pública que se niega "abiertamente" a cumplir una resolución judicial o una decisión de un superior. La inhabilitación que conlleva este tipo penal es de seis meses a dos años.