Trapero alega ante la jueza que no tuvo tiempo suficiente para evitar el asedio a la Guardia Civil

Josep Lluis Trapero y los presuntos instigadores de los disturbios previos al referéndum ilegal del 1-O, han sido llamados a declarar por el acoso que sufrió la Guardia Civil cuando registraban la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat.

Eva Villanueva / Nacho Arribas 6 de octubre de 2017

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha defendido ante la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que la actuación de la policía autonómica durante el asedió que sufrió la Guardia Civil mientras registraba la Consejería de Economía fue "correcta y necesaria" y ha denunciado que no se les avisó "con suficiente antelación. El dispositivo no se pudo planificar y eso obligó a irlo adaptando en función de las circunstancias".

Además de Trapero, que ha quedado en libertad sin que se le hayan impuesto medidas cautelares, también han declarado los presidentes de la  Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y el de Ominum Cultural, Jordi Cuixart, mientras que la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, ha prestado declaración a través de videoconferencia, tras alegar que está enferma. 

La jueza de la Audiencia Nacional, Camen Lamela, ha citado a declarar a los 4, en calidad de investigados (antiguos imputados) por un delito de sedición que está castigado con penas de entre 4 y 8 años de cárcel, y que en el caso de las autoridades puede llegar a los 15 años. El Ministerio Público les acusa como responsables e instigadores de las protestas y disturbios que cerca de 40.000 personas protagonizaron en las calles de Barcelona el pasado 20 de septiembre. Día en el que se había puesto una macrooperación judicial en marcha, con registros en sedes de la Generalitat, con el objetivo de incautar documentación relativa a la convocatoria y organización de la consulta ilegal del 1-O. 

Según la denuncia interpuesta por la Fiscalía, los manifestantes, animados por las organizaciones independentistas de ANC y Omnium, trataron de bloquear la salida a la calle de los agentes de la Guardia Civil y del personal administrativo. Todo esto, mientras la subalterna de Trappero, Teresa Laplana, era responsable del operativo que se encontraba frente a la sede del Goviern.