La Audiencia Nacional investigará si hubo delito de sedición en los disturbios de Barcelona

El TSJC ordena impedir el uso de locales públicos para el referéndum

Qué! 27 de septiembre de 2017

La Audiencia Nacional investigará si hubo delito de sedición en los disturbios de Barcelona
Foto: Twitter

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela investigará si hubo delito de sedición en los disturbios registrados en Barcelona, los pasados 20 y 21 de septiembre, cuando decenas de manifestantes "impidieron por la fuerza" que agentes de la Guardia Civil no pudieran realizar su trabajo con normalidad cuando intentaron entrar en varias consejerías de la Generalitat para llevarse toda la documentación relacionada con el referéndum.  

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado para este jueves, a las 12 del mediodía, la Junta de Seguridad de Cataluña, el máximo órgano de coordinación en esa comunidad autónoma. Lo hace, de manera unilateral, ante el enfado por las órdenes de la Fiscalía Superior de Cataluña para que los Mossos d'Esquadra cedan parte de sus competencias al Ministerio del Interior en los operativos en torno al referéndum. 

A la reunión acudirá el ministro del Interior a pesar de que no ha sido invitado formalmente. Reconocen que irán al encuentro por "responsabilidad y velando siempre por la convivencia pacífica y seguridad de los catalanes".

Este miércoles el director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, ha asegurado en un mensaje en Twitter, que la "misión principal" de las policías "es garantizar los derechos, no impedir su ejercicio". Una publicación que se conoce a pocos días de la celebración del referéndum, y después de que la Fiscalía pidiera a los Mossos d'Esquadra que impidan la celebración del referéndum independentista del próximo domingo, 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Los Mossos han trasladado a la Fiscalía que "el cumplimiento de instrucciones no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas podría acarrear consecuencias no deseadas". Entre ellas, los Mossos citan "el más que previsible riesgo de alteración de orden público".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Policía Nacional que impidan hasta el 1 de octubre la utilización de locales o edificios públicos para la preparación de las votaciones y que impidan la apertura "procediendo en su caso al cierre de todos aquéllos que hubieran llegado a abrirse".