La Fiscalía denuncia como sedición los ataques a la Guardia Civil en Barcelona

Interior comunica a la Generalitat el envío de refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil a Cataluña

Eva Villanueva 22 de septiembre de 2017

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha denunciado un presunto delito de sedición en los disturbios que se produjeron en Barcelona los pasados 20 y 21 de septiembre, durante la operación policial Anubis, en relación a las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo "para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones en defensa del ordenamiento constitucional", según consta en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal.

En plena cuenta atrás para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, seguimos asistiendo a los movimientos de ataque y contraataque del Estado y la Generalitat.

El Govern ha decidido en reunión extraordinaria, el cese del hasta ahora número 2 de economía, que fuera detenido en la macrooperación judicial dirigida contra los cargos de la Generalitat, para frenar el 1-O.

El conceller de la Presidencia, Jordi Turull, ha anunciado el cese de Josep Maria Jové, como secretario general de la Vicepresencia y de Economía y Hacienda, para evitar que se vea obligado a pagar la multa del Tribunal Constitucional de 12.000 euros diarios, que aseguran, pide que se autoinculpe.

El Alto Tribunal ha impuesto la multa también a otros 5 miembros más de la Sindicatura Electoral de Cataluña, implicados en el 1-O,  tras aplicar por primera vez la reforma que le permite imponer sanciones a altos cargos independentista.

En su comparecencia, Turull ha criticado la respuesta del Estado y ha asegurado que es un "boomerang hacia ellos". 

Por otra parte, el Ministerio del Interior, ha confirmado lo que ya se sabía, que envía refuerzos de Policía y Guardia Civil para  impedir la convocatoria secesionista. Así ha señalado ene l comunicado remitido a la Generalitat de Cataluña que "Las funciones serían de vigilancia del espacio público y mantenimiento del orden y actuarán en caso de que se mantuviera el referéndum ilegal" .

En la misiva enviada al Conseller de interior, Joaquim Forn, se justifica esta decisión en virtud del artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.