El Gobierno interviene hoy las cuentas de Cataluña en plena cuenta atrás para el referéndum

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras ha anunciado que recurrirán ante los tribunales, la decisión de Madrid de asumir la gestión económica de la Administración catalana que considera un "ataque a derechos sociales fundamentales".

Eva Villanueva 18 de septiembre de 2017

El ultimátum de 48 horas dado por el Consejo de Ministros a las autoridades catalanas, ante su rebelión para rendir cuentas, vence este lunes. Lo que supondrá, de facto, que el Estado pase a controlar el sistema de financiación de Cataluña, excepto en los pagos relacionados con los servicios sociales. 


La intervención de la administración catalana supone un nuevo contraataque al desafío secesionista que, el pasado jueves, y en plena cuenta atrás para el referéndum ilegal anunciado para el 1 de octubre, la Conselleria d'Economia remitió una carta a Hacienda comunicándole su decisión unilateral de que dejaría de remitir los informes semanales sobre sus gastos al ejecutivo central, y que sólo lo haría de forma mensual, por considerar que se trata de un "control político". 

 
Este domingo, en una entrevista a la TV3, el vicepresident, Oriol Junqueras, ha anunciado que el Govern va a presentar un "recurso con efectos suspensorios" para recurrir la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy. El también conseller d'Economia ha denunciado que la intervención anunciada por Hacienda va más allá de la suspensión del estado de autonomía que recoge el artículo 155 de la Constitución y supone -ha dicho- "un ataque a derechos sociales fundamentales" porque bloquea los presupuestos de la Generalitat. 


El "mecanismo novedoso de control de pagos" que anunciara Cristóbal Montoro, para evitar que ni un céntimo público financie la consulta ilegal, supone que el Ministerio de Hacienda asumirá el pago directo de las nóminas de los funcionarios catalanes o las subvenciones, entre otras cuestiones; y al mismo tiempo, concede un plazo de 48 horas, hasta este lunes, para que el president, Carles Puigdemont, remita un plan de recorte de gastos del presupuesto autonómico, sin "tocar" las partidas referidas a servicios esenciales ni funcionarios, y con el que cumpla el objetivo de déficit.