El Gobierno da un ultimátum de 48 horas a la Generalitat para intervenir sus cuentas

El Ejecutivo asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a los servicios esenciales. Méndez de Vigo asegura que el Gobierno no descarta la aplicación del artículo 155 de la Constitución después de la intervención, de facto, de las cuentas de la Generalitat,

Nacho Arribas 15 de septiembre de 2017

El Consejo de Ministros ha dado hoy un paso importante en la lucha contra el órdago independentista catalán a solo unos días para la celebración del referéndum del primero de octubre prohibido por el Tribunal Constitucional, y solo unas horas después de que arrancara oficialmente la campaña electoral.

En la reunión, el Gobierno ha aprobado una batería de medidas. Entre ellas, que Hacienda controle directamente los pagos del sistema de financiación a Cataluña. Es decir, el Ejecutivo asume directamente la gestión económica en esta comunidad. 

Según ha dicho Cristobal Montoro, el Estado "sustituye a la Comunidad Autónoma en los pagos que no estén vinculados a los servicios sociales. 

Las facturas irán directamente al registro de facturas de Hacienda y a continuación se pagará directamente al proveedor.  Además, se requiere al presidente Carles Puigdemont para que en 48 horas comunique un acuerdo de no disponibilidad de su Presupuesto

"Es un control de los pagos durante el tiempo que dure esta situación de excepcionalidad que marcan los dirigentes de la Generalitat", ha expuesto el ministro sobre el plazo en el que se mantendrá esta medida.

La decisión, barajada por el Gobierno desde hace meses, llega después de que el ministerio de Hacienda haya recibido una carta en la que se informa de que la Generalitat no va a seguir enviando los informes semanales sobre sus gastos, tal y como había exigido el Gobierno Central a las autoridades catalanas. 

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del Ejecutivo de Puigdemont de suspender esa obligación mientras se resuelve el fondo recurso interpuesto por la Generalitat. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal considera que no hay motivos para adoptar la medida cautelar de suspensión.

Méndez de Vigo asegura que el Gobierno no descarta la aplicación del artículo 155 de la Constitución después de la intervención, de facto, de las cuentas de la Generalitat,