El Rey inaugura el Año Judicial en pleno desafío de los independentistas catalanes

La ceremonia solemne de apertura del año judicial ha tenido lugar en una semana clave para los independentistas catalanes que, con toda probabilidad, aprobarán este miércoles, la ley de ruptura con el Estado. 

Eva Villanueva 5 de septiembre de 2017

Don Felipe ha presidido, por quinta vez, la inauguración del curso judicial en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en una ceremonia repleta de mensajes de alusión a los secesionistas y de defensa del marco constitucional.

Precisamente, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes ha señalado en su discurso que los jueces ampararán a todos aquellos que se encarguen de hacer cumplir la Ley frente a las "voluntades inaceptables de ruptura", y ha subrayado que "Como jueces, hoy más que nunca, nos corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la Ley".

También el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha aprovechado su intervención para dirigirse a los independentistas, aunque no de forma expresa, y ha advertido que la Fiscalía actuará de forma firme y enérgica "frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley". Así, ha subrayado que "en épocas convulsas nuestro más seguro asidero es la Ley", por lo que ha añadido que la Fiscalía está obligada "a desplegar una defensa activa de la España constitucional".


La inauguración del Año Judicial llega justo un día antes de que el pleno del Constitucional se reúna en una sesión ordinaria, en la que no está previsto tratar el asunto catalán, y en la que, por otra parte, todo apunta a que los independentistas podrían sacar adelante la Ley de Referéndum y Ley de Transitoriedad en el Parlament. Un paso clave para oficializar la convocatoria ilegal del Referéndum del 1 de octubre.


Si, como se espera, los secesionistas formalizan mañana ese Referéndum ilegal, el Tribunal Constitucional recibirá una petición por parte del Ejecutivo, por la que los magistrados aprobarán la suspensión cautelar de los preceptos o decretos impugnados, tal y como ha hecho hasta el momento en relación con el proceso soberanista catalán y que, en definitiva supondría la suspensión del 1-O.