EP 9 de febrero de 2010
Según señaló la Junta de Andalucía en un comunicado, antes de conceder ambas autorizaciones para la apertura de la residencia, la Administración verificó que el centro cumplía con toda la normativa en vigor, tanto en materia de accesibilidad, como térmica, acústica, medidas contra incendios, plan de evacuación y emergencias, así como las específicas de los Servicios Sociales de Andalucía.
Además, según aseguró la Administración autonómica, el centro cuenta con la ratio de personal legalmente exigible para estos centros.
La última intervención inspectora a este centro fue realizada hace seis meses --el pasado septiembre-- por la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social, en la que se le notificó que, aunque disponía de todas las medidas de seguridad anteriormente citadas, debía adecuarse a los criterios establecidos en el Real Decreto sobre Norma Básica de Autoprotección de los Centros 393/2007. Estaba previsto que el próximo mes de marzo una nueva inspección comprobase esa adecuación normativa.
INSPECCIONES PERIÓDICAS
Además, desde que se le concedió la resolución de autorización en 2002, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha realizado intervenciones periódicas con esta residencia, entre requerimientos administrativos, inspecciones y recepción de informes para verificar su funcionamiento.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha ofrecido a las
personas mayores residentes en este centro siniestrado que lo necesiten la
posibilidad de realojarlas en una residencia de la Junta.
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