22 de junio de 2009
La organización conservacionista 'Aljarafe Habitable' reclamó hoy al delegado provincial de la Consejería de Cultura, Bernardo Bueno, que "recapacite" sobre la gestión desplegada en el dolmen de Montelirio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y enclavado en una finca de 16.000 metros cuadrados de Castilleja de Guzmán (Sevilla), advirtiendo de que la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico ha "confirmado" las quejas de los colectivos ciudadanos en su memoria del año 2008.
Después de que dicho departamento, coordinado por Javier Rufino, se viera obligado en 2008 a recurrir al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil al no obtener una "respuesta pormenorizada" de la Consejería de Cultura, en el marco de unas diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número siete "por posibles daños" en el entorno del dolmen, el activista conservacionista Eduardo Apellániz dijo a Europa Press que la advertencia de la Fiscalía "confirma lo mal que se está tratando este asunto".
"Es gravísimo, hasta con la Fiscalía", señalaba Eduardo Apellániz en cuanto a la política de la Consejería de Cultura con este dolmen que constituye uno de los principales activos patrimoniales de la provincia en lo que al calcolítico se refiere. Al respecto, explicó que la Fiscalía ha venido a reconocer "lo que era un escándalo a voces". "Bernardo Bueno tendría que recapacitar", dijo este activista de 'Aljarafe Habitable' en cuanto a los aspectos que la Memoria de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Superior de Andalucía recoge en 2008 sobre el dolmen de Montelirio.
Según esta memoria, recogida por Europa Press, al departamento que coordina Javier Rufino no le fue "factible" obtener una "respuesta pormenorizada" por parte de la Delegación provincial de la Consejería de Cultura en un procedimiento incoado por el Juzgado de Instrucción número nueve por "posibles daños en la zona" del dolmen de Montelirio, en cuyos aledaños a comienzos de 2008 se descubrió una necrópolis y otros vestigios históricos amenazados por un planeamiento urbano posteriormente suspendido.
"Tal vez por falta de medios", la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico no obtuvo "una respuesta pormenorizada" por parte del departamento de Bernardo Bueno, por lo que se vio en la "necesidad de acudirá a la investigación del Seprona".
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