El Consistorio mejora el abastecimiento de agua en San Pío y la avenida de los Príncipes

La Junta de Gobierno autoriza a Emmasa la subcontratación de los trabajos de renovación de redes incluidos en su plan de obras

Pepe Rodríguez 23 de octubre de 2017

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, reunida en la mañana de hoy, ha autorizado a la empresa Emmasa la subcontratación de las obras de renovación de la red de abastecimiento en la avenida Príncipes de España y la creación de una nueva en San Pío.

La ejecución del proyecto de Príncipes de España será subcontratada a Paysa SL, por un importe de 158.935,16 euros, mientras que la de San Pío la ejecutará Brito y Gutiérrez, Grúas y Transportes SL, por un montante de 102.018,94 euros.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, explica que la realización de ambos proyectos "responde a la demanda de los vecinos de ambos sectores del municipio y se incluyen dentro del Plan de Obras presentado por la empresa". A juicio del edil, con esta medida se da respuesta a las necesidades de la zona, "ampliando la potencia y mejorando la red de abastecimiento de agua potable en ambos puntos".

De otra parte, durante la misma sesión se acordó también la incoación a Emmasa de un procedimiento de penalidades por incumplimiento de contrato. Los informes realizados por los técnicos municipales recogen que, en su momento, la compañía subcontrató prestaciones principales con la empresa Valoriza para la cesión de su personal directivo. Este hecho supone la vulneración de la cláusula 5.3 del pliego, calificada como muy grave, por lo que se propone una sanción económica de 150.0001 euros.

Arteaga afirma que este expediente "viene derivado del proceso de intervención, fiscalización y control que se ha realizado sobre la gestión de la empresa en los últimos años. Es cierto que esta situación anómala ya ha sido corregida por la compañía desde hace algún tiempo, pero el expediente ha constatado que, en su momento, se produjo una vulneración de las condiciones contractuales.

"El ciudadano ha de saber -prosiguió Arteaga- que este tipo de control únicamente afecta a la relación entre la empresa y el Consistorio, que ha de supervisar que el servicio se presta conforme a la legalidad vigente".

La empresa podrá recurrir este acuerdo de la Junta de Gobierno dentro de los plazos legales que se estipulan para estos casos.