Escaso empleo, de baja cualificación y multidiscriminación, la realidad de la discapacidad en España

El Observatorio Estatal de la Discapacidad presenta el Informe Olivenza 2017, que revela las cifras de la discapacidad en nuestro país. Unos datos preocupantes en especial en la inserción sociolaboral de este colectivo.

Vidas Insuperables 25 de julio de 2018

En España hay 1.774.800 personas con discapacidad en edad activa, un 5,9% de la población. Se trata de un colectivo poco integrado en el mercado laboral (tan solo un tercio trabaja), con una tasa de abandono escolar del 43,2% y binomios de multidiscriminación elevados (discapacidad + mujer, discapacidad + joven, discapacidad + psíquica).

Esta es la realidad a grandes rasgos de la discapacidad en nuestro país, según  los datos publicados en el 'Informe Olivenza 2017, sobre la situación general de la discapacidad en España'.

Este documento ha sido editado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, promovido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, a través de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y la Universidad de Extremadura.

En el informe se recogen desde los principales cambios normativos en relación con la discapacidad en el último año, pasando por los datos del mercado de trabajo, el gasto público en discapacidad en España y el reparto de las diferentes prestaciones sociales o la penetración de las tecnologías de la información y la comunicación en este colectivo.

Empleo: escaso y de baja cualificación

Respecto a la tasa de actividad, nos encontramos ante un colectivo poco integrado en el mercado laboral, ya que dos de cada tres personas con discapacidad son inactivos laboralmente. Si comparamos el dato con la población general, se establece una distancia de 44 puntos porcentuales.

El análisis de la contratación evidencia la precariedad de las condiciones del mercado laboral, donde la temporalidad se constituye como tendencia. En 2016 se realizaron 268.160 contratos a personas con discapacidad, ocupando a un total de 126.225 personas, lo que indica que cada persona fue contratada una media de 2,12 veces. Las mayores tasas de empleo corresponden a Madrid y País Vasco. Por el contrario, encontramos los datos más bajos en Galicia y Extremadura.

El análisis de la tasa de paro evidencia de nuevo las distancias entre ambos grupos. Tan solo un tercio del colectivo es activo en términos laborales, es decir, 1.173.000 personas con discapacidad están fuera del mercado laboral.

La tasa de paro de los jóvenes con discapacidad alcanza el 63,5%, es decir, más del 60% de los jóvenes con discapacidad se encuentran desempleados, poniendo de manifiesto la complejidad que define el binomio juventud y discapacidad para la integración laboral.

Por otro lado, a lo largo del informe, el nivel formativo emerge como variable que contribuye a reducir las distancias con la población general, es decir, se constituye como una herramienta necesaria para favorecer la inserción laboral del colectivo. No obstante, la tasa de abandono escolar del colectivo, se eleva hasta el 43,2%, superando a la población general en 18 puntos porcentuales.

La discapacidad física, la mayoritaria

Con respecto a las personas con discapacidad oficialmente reconocida, el Informe Olivenza aporta el último dato disponible al respecto. Indica que en España hay 1.774.800 personas con discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, lo que representa un 5,9% de la población.

El peso de los hombres es superior al de las mujeres, en más de 272.000 personas. Respecto a la edad, hay una clara relación entre dicha variable y la presencia de discapacidad. Así, el segmento de mayor edad (45 - 64 años), supone el 69,6% del total. En cuanto a la discapacidad más presente es la de tipo físico, que agrupa al 64,4% del colectivo, y su presencia es mayor en ámbitos altamente poblados.

Analizando a nivel de comunidades autónomas, los mayores volúmenes se ubican en Andalucía y Cataluña, la suma de ambas comunidades supone el 36,57% de todas las personas con discapacidad en España, dos puntos y medio más de lo que representa la población total de estas comunidades en nuestro país.

Actualmente se destina 18.724.489€ a pensiones de invalidez, lo que supone un 1,74% del PIB. Navarra y el País Vasco encabezan las comunidades con las retribuciones más elevadas, mientras que Galicia y Murcia se constituyen como las comunidades con menores prestaciones. La brecha de género es palpable también en este colectivo, en el que las mujeres exclusivamente representan el 35,21% y la cuantía de su prestación es inferior en 175 euros al mes.

Acceso completo al Informe Olivenza en este enlace.