Los niños y niñas con discapacidad sufren mayores tasas de maltrato

La Plataforma de Infancia presenta la situación de los niños y niñas en España´

Fundación Amigó, como entidad miembro de la Plataforma de Infancia, ratifica el Informe Complementario al V y VI Informe de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Arturo San Román 19 de noviembre de 2017

Este informe viene a completar el informe que presentó el Estado Español en mayo de 2016, sobre la aplicación de los derechos de la infancia en nuestro país. En él las ONG de infancia analizan las medidas adoptadas por el Gobierno en respuesta a las Observaciones Finales del Comité de los Derechos de Niño de Naciones Unidas, recogiendo los principales avances, retrocesos y obstáculos en materia de derechos de infancia, y proponiendo una serie de recomendaciones de cara a la reunión que tendrá lugar el 22 de enero de 2018, en el marco del 77o periodo de sesiones del Comité.

La principal preocupación de las organizaciones es la reducción de los recursos asignados por las administraciones públicas a políticas relacionadas con la infancia. Según los datos de la Contabilidad Nacional, el gasto en protección social dedicado a familias e infancia por el conjunto de las administraciones públicas se redujo de 8.832 millones de euros en 2009 a 6.431 en 2014 (2.401 M€, un 27%) La reducción acumulada en estos seis años es de 11.544 millones de euros. Además, la inversión en protección se sitúa en 1,3 % del PIB muy por debajo de la media de los índices de la Unión Europea

Las organizaciones que integran la Plataforma de Infancia demandan un aumento de los recursos destinados a infancia hasta llegar a la media de la Unión Europea del 2,4% y reclaman, además, que este aumento de recursos se garantice a través de un acuerdo político en el marco de un Pacto de Estado por la Infancia.

En España, actualmente 1 de cada 3 niños y niñas vive en situación de pobreza o exclusión social. Nuestro país es el tercero de la Unión Europea con más pobreza infantil y el segundo con la prestación por hijo a cargo más baja y no universal. Las organizaciones recomiendan aumentar la prestación por hijo a cargo de 24,25 a 100 euros al mes como principal herramienta para reducir la pobreza infantil. Este incremento, así como la ampliación de los umbrales de familias que perciben esta prestación, supondría reducir sustancialmente los porcentajes de pobreza infantil.

Violencia contra la infancia

Otro tema que preocupa especialmente a las ONG es la violencia contra la infancia. Un 9,3% de niños y niñas sufren acoso en España y un 6,9% ciberacoso, según el informe de 2016 de Save the Children "Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying en la infancia". El riesgo de sufrir violencia se incrementa cuando los niños presentan alguna discapacidad.

 Los niños y niñas con discapacidad sufren mayores tasas de maltrato, 23,08%, frente a los que no presentan ninguna 3,87%. Formar parte del colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (LGTB) también es un factor de riesgo. Según el colectivo LGTB de Madrid (COGAM) el 60% de adolescentes ha presenciado agresiones homofóbicas en su instituto y el 15% del alumnado LGTB sufre ciberacoso. Sin olvidar que en nuestro país se estima que 17.000 niñas están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina.

Las ONG recomiendan la elaboración de una Estrategia Integral de Lucha contra la Violencia hacia la Infancia que se articule en torno a una Ley Orgánica que implique a las Administraciones y que plantee medidas de prevención, detección, intervención y restauración.

Se reclaman además medidas especiales de protección para niños y niñas refugiados o solicitantes de asilo, menores extranjeros no acompañados y víctimas de abusos sexuales, explotación o trata. "Se debe producir un cambio de paradigma en el Gobierno y las Administraciones Públicas para considerar a estos niños y niñas ante todo menores de edad y acreedores de los derechos y garantías reconocidos en la Convención sobre los Derechos de Niños.

Ello debería llevar a priorizar la intervención de las autoridades competentes en la protección de los niños y niñas sobre las de seguridad e interior", explica Adolfo Lacuesta. Presidente de la Plataforma de Infancia.

En este sentido, las organizaciones proponen la modificación de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección para la seguridad ciudadana, para poner fin a las "devoluciones en caliente", que impiden identificar a posibles niños y niñas víctimas de reclutamiento o alistamiento para participar en conflictos armados.

Educación y Participación

Las organizaciones alertan también de que los centros educativos no son capaces de afrontar la integración de la población gitana, inmigrante y de niños y niñas con discapacidad y reclaman la necesidad de impulsar un Pacto de Estado por la Equidad Educativa acompañado de una ley de financiación para la educación que garantice la gratuidad real de la educación y la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas.

Por último, se pide también que se garantice el derecho de los niños y niñas a ser escuchados y a participar a través de canales reales y estables en las decisiones, planes y leyes que les afectan, especialmente en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia. Es necesario ampliar y garantizar este derecho a todos los niños y niñas, independientemente de su condición social o el colectivo al que pertenezcan.

A través de este Informe Complementario al V y VI Informe de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas las organizaciones que integran la Plataforma de Infancia piden al Gobierno que el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas sea una prioridad en la agenda política en general y de cara a los Presupuestos Generales del Estado que se presentarán en Bruselas. "Es necesario un compromiso presupuestario real con la infancia para garantizar que las acciones y planes destinados al cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas en España se materialicen", afirma Lacuesta.