Las entidades sociales de la discapacidad, en Cataluña, asfixiadas por la irresponsabilidad de las Administraciones

La Federación de Personas Sordas de Cataluña (FESOCA) para sus servicios durante dos semanas

También están en riesgo las políticas de inserción laboral de las personas con discapacidad

Arturo San Román 15 de noviembre de 2017

Las entidades sociales de la discapacidad, en Cataluña, asfixiadas por la irresponsabilidad de las Administraciones
Cocarmi.

El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), principal plataforma del sector en Catalunya, quiere denunciar públicamente la asfixia económica de las entidades sociales de la discapacidad por la irresponsabilidad de las Administraciones públicas implicadas en la convocatoria, resolución y pago de subvenciones.

Un ejemplo de las consecuencias de la actual parálisis administrativa es la situación de la Federación de Personas Sordas de Cataluña (FESOCA), cuyos trabajadores han anunciado el inicio del paro de sus servicios durante dos semanas para reclamar soluciones a los impagos salariales.

 El paro, que tiene lugar entre el lunes 13 y el domingo 26 de noviembre, afectará al 40 por ciento de los servicios de intermediación laboral, atención social, formación y servicio de intérprete de lengua de signos en los ámbitos sanitario, judicial, servicios sociales y educativos. La FESOCA representa a 30 asociaciones de personas sordas de toda Catalunya y a más de 30.000 personas sordas. Sus trabajadores hace cuatro meses que no cobran y temen que se presente un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Por otra parte, aún no se ha publicado la convocatoria de subvenciones para la realización de los Servicios Integrales de Orientación, Acompañamiento y Apoyo a la inserción de las personas con discapacidad o trastornos de la salud mental (SIOAS), que tiene una dotación de 8.400.000 euros. 

Si no se publican las bases y la convocatoria esta misma semana, se pondrá en peligro el acceso y permanencia en el mercado de trabajo en condiciones dignas y de calidad de las personas con discapacidad. Según datos de 2016, más de 40 entidades y un mínimo de 1.679 personas se beneficiaron de este tipo de servicios. Se trata de un Servicio de Interés Económico General que, en el caso de que se cancele, comprometería la viabilidad y continuidad de las entidades prestadoras de los servicios, además de que incumpliría las obligaciones previstas en la normativa europea y estatal.

En estos momentos de parálisis político-administrativa apelamos a la responsabilidad y el compromiso de la Generalitat de Catalunya y de la Administración General del Estado hacia las personas con discapacidad y exigimos una solución inmediata a esta situación de injusticia que sufren las personas con discapacidad, sus familias y las entidades que las representan. "Para un colectivo como el nuestro, que sufre una situación de vulnerabilidad histórica y sistémica, estamos llegando a situaciones tan límite que nos recuerdan los peores años de crisis económica que hemos sufrido recientemente", afirma Antonio Guillén, presidente del COCARMI