Jueces para la Democracia exige establer el principio de responsabilidad del Estado en violencia de genero.

A raíz de las declaraciones efectuadas la pasada semana por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde pedía el ingreso inmediato en prisión de los maltratadores, el colectivo de Jueces para la Democracia ha emitido el siguiente comunicado, que por su importancia reproducimos en su integridad:

@arturosanromanf 13 de marzo de 2017

A raíz de las declaraciones efectuadas la pasada semana por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde pedía el ingreso inmediato en prisión de los maltratadores, el colectivo de Jueces para la Democracia ha emitido el siguiente comunicado, que por su importancia reproducimos en su integridad:

"El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia domestica (denominado Convenio de Estambul), acordado en 2011, ratificado por España con fecha 1 de agosto de 2014 supone el compromiso de llevar a cabo políticas globales y coordinadas para que los estados actúen con la diligencia debida con el fin de prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia incluidos en su ámbito de aplicación.

Sin perjuicio de la pertinencia de todas las medidas encaminadas a mejorar la efectividad de las resoluciones judiciales, incluida su ejecución, no sólo es precisa la adopción de medidas legislativas si fueran necesarias, sino también la dedicación de recursos financieros y humanos adecuados para la aplicación de la ley.

Así las cosas, son numerosos los tipos penales que en nuestro Código Penal recogen ya las actuaciones que el Convenio considera susceptibles de sanción penal, también la regulación de las medidas cautelares resulta suficiente en nuestro ordenamiento.

Sin embargo su efectividad que depende en ocasiones de medidas que no son directamente de naturaleza penal, pero de las que depende la eficacia del sistema, que están contempladas en la Ley Integral contra la violencia de género pero que todavía no se aplican, en numerosas ocasiones por falta de medios económicos, como la asistencia jurídica, ayudas sociales que posibiliten los medios económicos imprescindibles para las denunciantes, atención psicológica, medios policiales, planta judicial adecuada para la atención de la instrucción, enjuiciamiento y ejecución, dotación de las oficinas de atención a la víctima etc.

En los últimos seis años el Gobierno del Partido Popular ha recortado un 26% del presupuesto destinado a la prevención de la violencia de género. Por ello, desde Jueces para la Democracia consideramos imprescindible el compromiso de efectuar una adecuada dotación presupuestariamente con este fin.

Por otra parte, la Ley Integral debe ampliar su ámbito a aquellos delitos que constituyen violencia contra las mujeres y están recogidos en el Convenio, para incluir así todas las medidas de sensibilización, prevención, detección, enjuiciamiento y reparación en estos ilícitos que no se encuentran contemplados en el texto legal, por no constituir violencia entre parejas ni exparejas y ser ajenos al ámbito doméstico; por ejemplo violaciones, acoso laboral etc.

Resulta por tanto ineludible conforme a los compromisos adquiridos en la ratificación del Convenio, mejorar la aplicación de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género ya recogidos en la normativa, pero no efectivos todavía en la realidad y extenderlos a quienes sufren cualquiera de las conductas incluidas en el texto, mejorando la tutela institucional correspondiente y si procediera las medidas judiciales de protección y seguridad, estableciéndose el principio de responsabilidad del Estado en el caso de negligencia en la adopción de las medidas precisas."