Madrid, EFE 5 de febrero de 2010
Corredor ha hecho esta afirmación durante la inauguración de la primera edición del Salón de la Vivienda Social, Asequible y Sostenible de Madrid que hasta el próximo domingo se celebra en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo.
Los ciudadanos que acudan a este Salón encontrarán la oferta de vivienda pública de la Comunidad de Madrid, información sobre las diferentes ayudas que ofrecen las administraciones para facilitar el acceso a la vivienda y toda lo referido a planes nacionales, autonómicos y municipales de vivienda.
También podrán encontrar información sobre los programas de rehabilitación y las promociones de vivienda protegida que ofrecen las gestoras y los promotores inmobiliarios presentes en este encuentro.
Corredor ha explicado que las viviendas protegidas representaron el 50 por ciento de todas las iniciadas en España en el tercer trimestre de 2009 y ha recordado la ayuda estatal de hasta 13.200 euros para pagar la entrada de la vivienda protegida.
Sobre este asunto ha indicado que el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) destina 1.300 millones de euros para beneficiar a unas 117.000 familias de Madrid, una de las comunidades que más dinero recibe, ha informado el Ministerio en una nota.
En cuanto al alquiler y la rehabilitación, la ministra ha manifestado que los inquilinos tendrán exactamente la misma deducción fiscal que quien opte por compra.
También podrán desgravarse, según las mismas fuentes, los que rehabiliten ya que las reformas tendrán un IVA reducido y una nueva deducción al desgravar un 10 por ciento del IRPF, hasta el 31 de diciembre de 2012, las obras de instalación de un ascensor, las reformas para calentar más eficientemente las casas, el cambio de bañera por ducha o la instalación de sistemas de ahorro de agua.
En cuanto a las ayudas para el alquiler, se ha referido a la Renta Básica de Emancipación que ya han percibido más de 26.000 jóvenes de la Comunidad de Madrid, el 97 por ciento de los que cumplen todos los requisitos.
Ha dicho además que el Ministerio de Vivienda emplea 39 días de media en gestionar el pago de estas ayudas una vez que la Comunidad Autónoma reconoce el derecho al joven, mientras que el Gobierno que preside Esperanza Aguirre tarda 171 días en resolver las solicitudes.
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