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El PSOE de Alcantarilla denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción la caducidad de dos expedientes urbanísticos

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alcantarilla, en el pleno de este viernes 27 de enero, ha pedido explicaciones sobre un posible trato de favor hacia la persona del concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pérez, y hacia el marido de la número 12 en la lista del PP en las pasadas elecciones municipales.

28 de enero de 2012

MURCIA, 28 (EUROPA PRESS)

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alcantarilla, en el pleno de este viernes 27 de enero, ha pedido explicaciones sobre un posible trato de favor hacia la persona del concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pérez, y hacia el marido de la número 12 en la lista del PP en las pasadas elecciones municipales.

El motivo es la caducidad de sendos expedientes sancionadores urbanísticos, iniciados en 2007 y 2002 respectivamente, sin aplicar las sanciones correspondientes, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

De este modo, ante la falta de explicaciones convincentes, el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Sabater, ha comunicado en dicho pleno que su grupo va a poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción los hechos referidos.

Y es que, Pérez es propietario de una nave industrial ubicada junto a la carretera de Barqueros, en terreno no urbanizable. Esta obra fue realizada sin la preceptiva licencia municipal y se halla en terrenos clasificados en el PGOU como suelo no urbanizable, por lo que la obra no resulta legal y procedería su demolición y la preceptiva sanción económica, según informe del área de Urbanismo del propio ayuntamiento.

El otro expediente se abrió por una obra realizada en el paraje de la Voz Negra, realizada igualmente sin la preceptiva licencia municipal, en terrenos clasificados en el PGOU como suelo no urbanizable.

Ambos casos tienen elementos comunes, ya que en los dos se abrió un expediente por parte de los Servicios de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Alcantarilla con un resultado idéntico, en donde se indicaba que las obras eran ilegales y había que derribarlas, además de pagar una multa.

"Sin embargo, el tiempo pasó sin que los responsables del área de Urbanismo, con el concejal a la cabeza, tomaran decisión alguna, por lo que ambos expedientes han caducado. Mientras eso ocurría, otros ciudadanos sí eran sancionados y se les cobraba la multa correspondiente, ordenándose la demolición de lo ilegalmente construido", han concluido.

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