Familias sin recursos y oportunistas se aprovechan del vacío de vivienda pública y se genera el nacimiento de un mercado negro con listas de pisos vacíos que pueden ocuparse por 1.500 euros.
David García 31 de enero de 2012
La ocupación ilegal de viviendas públicas se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para las administraciones en nuestra región, tanto ayuntamientos como Comunidad.
Desde el Gobierno regional asumen que esta circunstancia ha aumentado en los pisos del Ivima (hay 23.000 en toda la Comunidad). Un ejemplo muy descriptivo lo podemos encontrar en una promoción en el barrio de Leganés Norte.
Allí, una decena de viviendas está ocupadas de manera ilegal por familias, mayoritariamente de etnia gitana. Sus vecinos dicen estar "desesperados" ya no sólo por el hecho en sí de la ocupación (que incluso se ha llegado a ejecutar mediante butrones) sino por los graves problemas de convivencia que provocan y el perjuicio económico que causan en forma de destrozos que hay que arreglar con dinero de todos los madrileños.
Estos 'nuevos vecinos' en algunos casos no son tan nuevos porque llevan ya más de cinco años viviendo allí de manera ilegal.
A la vez, consecuencia de la crisis también, la Comunidad confirma también que crece el número de solicitantes de 'especial necesidad', es decir, de aquellos cuya situación económica es crítica y necesita una vivienda urgentemente por el riesgo de quedarse en la calle.
"ESFUERZO Y TOLERANCIA CERO" POR PARTE DE LA CONSEJERÍA
La Consejería de Vivienda de la Comunidad está haciendo un gran esfuerzo para evitar estas situaciones. El parque inmobiliario es de 23.000 viviendas que, evidentemente, no pueden estar vigiladas todas las 24 horas del día.
En 2011 se hicieron 20.000 inspecciones (casi el mismo número que viviendas) y se abrieron 470 expedientes, la mayoría por ocupación ilegal, un 16% más que en 2010.
Esto provocó 250 lanzamientos judiciales, es decir, 250 sentencias en las que un "amplio porcentaje" se refería a desahucios por ocupación ilegal.
Por eso, además de los medios de los que dispone para evitar las ocupaciones, se pide a los ciudadanos que se impliquen denunciando estos casos, ya que se está perjudicando a otros madrileños que de manera legal han sido adjudicatarios de una vivienda pública.
UN MERCADO NEGRO DE VIVIENDA OCUPADA
Estas ocupaciones generan un mercado negro de la ocupación de viviendas. Normalmente, alguien que conoce la existencia de una vivienda vacía (porque vive en el mismo bloque) lo comunica a algún interesado en ocuparla de manera ilegal a cambio de que le paguen una cantidad de dinero que no pasa de 1.500 euros.
Es decir, alguien vende una propiedad que no es suya a otra persona que, con el tiempo, será desahuciada de allí.
Sin embargo, este mercado negro se mueve de forma diferente si quien lo controla es de etnia gitana. En ese caso, este 'capo' favorece a sus familiares más directos proporcionándoles la vivienda vacía de manera gratuita.
Por supuesto, también se encarga de que nadie ajeno a sus intereses se le adelante y ocupe la vivienda. "Si lo haces eres hombre muerto", dicen de manera exagerada y no literal en este bloque del Ivima en Leganés.
Por los diferentes barrios y municipios circulan las direcciones exactas de las viviendas vacías que hay. No es difícil averiguar donde hay una.
En muchos casos, estos 'okupas' pagan voluntariamente la cuota de comunidad para evitar problemas con los vecinos y ganarse así un 'derecho' (aunque no sea legítimo porque no es suya) sobre la casa que acaba de ocupar.
En mercado privado, estas listas se encuentran en internet, donde se pueden ver los pisos embargados por impagos y que están cerrados, también muy codiciados por parte de los interesados en ocupar una vivienda.
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