Los padres ya dan más problemas a los profesores que los hijos

Mientras la Comunidad avanza en la nueva Ley de Autoridad del Profesorado, que busca reforzar su figura en centros públicos y concertados, aumentan las denuncias de los docentes por lo que sucede en las aulas.

Según los datos de la última Memoria del Defensor del Profesor, que será presentada en breve y a la que ha accedido este periódico, un 20 por ciento de las denuncias son por acoso o amenazas por parte de los padres, mientras que el año pasado era un 15 por ciento.

Así, los padres se convierten, por primera vez, en el principal foco de conflictos de los colegios por delante de los alumnos (un 18 por ciento). Para intentar frenar esta tendencia, la Comunidad aprobó ayer la mencionada ley, que alcanzará a 67.000 educadores de instituciones públicas y concertadas. La iniciativa debe ser tratada en la Asamblea.

Casi 5 de cada 10 de las denuncias fueron realizadas por educadores del nivel secundario. El 35 por ciento, en tanto, trabajan en la Primaria. Sólo el 18 por ciento de los maestros que denuncian ante el Defensor del Profesor admite no tener problemas anímicos. El 21 por ciento siente depresión.

En el balance de la memoria aparecen otros datos preocupantes, como los insultos habituales de los alumnos (16 por ciento de los casos) y conductas agresivas de éstos hacia otros compañeros: 15 por ciento.

Falta de respeto

La falta de respeto es un problema habitual que padecen los docentes. Un 22 por ciento de las denuncias al Defensor del Profesor obedece a esta cuestión.

El Defensor del Profesor, servicio prestado por Anpe Madrid, ha tenido que ofrecer apoyo psicológico a los docentes denunciantes en el 5 por ciento de los casos. Sólo se han llevado a los tribunales el 1 por ciento de los conflictos, pero su asesoría jurídica ha intervenido en 15 de cada 100 denuncias. En el resto de casos sólo fue requerido asesoramiento general.

La consejera de Educación, Lucía Figar, anunció ayer tras el Consejo de Gobierno que la Ley de Autoridad al Profesorado alcanzará a 50.000 educadores de la enseñanza pública y a otros 17.000 de instituciones concertadas, tanto de educación Secundaria como de Primaria.

La Asamblea debe aprobar la iniciativa. En caso de hacerlo, al día siguiente de salir publicada la Ley en el Boletín Oficial, entrará en vigor. Esperanza Aguirre aseguró que será en marzo cuando se haga efectiva.