Madrid, Coslada y Rivas rechazan la Ley por la Cañada

Los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada rechazan la propuesta de Ley de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana porque permite comprar terrenos de la vía pecuaria antes de llegar a un acuerdo social, y, a su juicio, pretende eludir la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en la solución del problema y, en particular su responsabilidad social.

  Representantes de los tres Consistorios están citados hoy a exponer su punto de vista ante el Comité Económico y Social de la Comunidad de Madrid.

   A la entrada de la reunión, la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, explicó a Europa Press que la propuesta regional "no soluciona el problema sino que lo agrava". "La Comunidad de Madrid ha incumplido unilateralmente el acuerdo del 7 de julio al añadir al artículo 3 de la Ley el punto 4, que permite vender terrenos antes de llegar a un acuerdo social. Esto agrava el problema y lo traslada a los ayuntamientos, sin resolverlo, estimulando la compra de zonas públicas", alegó la concejala.

   Los tres municipios están de acuerdo entre sí, aunque Coslada añadirá además algunas alegaciones propias por "problemáticas" de este municipio, donde las viviendas están más asentadas. Getafe y SAn Fernando quedan fuera de esta Ley, que omite la zona de la Cañada que pasa por su términos municipales.

   Los tres ediles recordaron hoy a la Comunidad de Madrid que la simple desafectación no le permite eludir el ejercicio de sus competencias en materia social en la Cañada Real y advirtieron a los potenciales compradores del suelo desafectado que no modificarán la clasificación del suelo, quedando éste como zona verde especialmente protegida.

   Por otra parte, en un comunicado conjunto, solicitaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que vuelva a convocar la Mesa de Negociación y que ofrezca garantías de que durante el trámite parlamentario se cumplirá lo acordado  con la Delegación del Gobierno y los Ayuntamientos.

   En cuanto a lo que denominan "incumplimiento" de lo acordado por la Presidenta de la Comunidad con la Delegación del Gobierno y los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid, señalan que el nuevo anteproyecto permite, entre otras cosas, que en un plazo de dos años se pueda llevar a cabo la venta de los suelos ocupados sin acuerdo social previo. "Esta forma de desafectar, lejos de resolver agravará los problemas de  pobreza y exclusión social, medioambientales, de inseguridad ciudadana y de ausencia de respeto al Estado de Derecho presentes en la Cañada Real", opinan, pues ésta es una Ley que en su estado actual permite premiar la ocupación ilegal de bienes de dominio público.

   "Una ley que lejos de resolver el problema social y el de prevalencia del Estado de Derecho, favorece a una minoría con capacidad adquisitiva suficiente para poder comprar el suelo que ha ocupado ilegalmente ya sea para recreo, para actividades económicas irregulares o para vivienda. Una minoría interesada en la compra del suelo que ha ocupado ilegalmente y que rechaza cualquier política de realojos de carácter social", señalan Madrid, Coslada y Rivas.

   A su juicio, esta ley se basa en un modelo que consiste en facilitar el uso residencial de la Cañada Real, cuando de hacerse así en muchos de sus tramos se contravendría con ello la legislación ambiental o se pondría en riesgo la seguridad de las personas. Así sucede, entre otros, en aquellos suelos que se encuentran dentro del Parque Regional del Sureste, los cercanos al vertedero de Valdemingómez o los que se ven atravesados por grandes infraestructuras, como la gran arteria de gas natural.