Morales: La sentencia sobre el Convenio de Carreteras demuestra que el Gobierno de Rajoy ha sido nefasto para GC

El incumplimiento del acuerdo ha generado retraso económico e inseguridad jurídica
La carretera de La Aldea, la circunvalación y los accesos al Puerto de la Luz, las grandes perjudicadas
El Gobierno actuó en contra del criterio de los abogados del Estado

Pepe Rodríguez 11 de enero de 2018

Morales: La sentencia sobre el Convenio de Carreteras demuestra que el Gobierno de Rajoy ha sido nefasto para GC
Antonio Morales Presidente del Cabildo de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, considera que la sentencia del Tribunal Supremo que corrobora que el Estado incumplió con el Convenio de Carreteras de Canarias demuestra que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha sido "nefasto" para Gran Canaria, que ha sufrido importantes retrasos económicos y en la ejecución de sus infraestructuras viarias, por lo que exige la inmediata rectificación de la situación.

La sentencia "pone de relieve el abandono al que el PP ha sometido a Canarias, en especial a Gran Canaria, porque se trató de un incumplimientoflagrante", como corrobora ahora el Supremo, que además generó inseguridad jurídica, algo inadmisible, subraya Morales.

La decisión del Gobierno estatal de reducir drásticamente la inversión acordada para el periodo 2006-2017 ha provocado un serio perjuicio para Gran Canaria porque quedaron bloqueadas obras tan estratégicas como la carretera de La Aldea, la cuarta fase de la circunvalación y los accesos al Puerto de La Luz y Las Palmas, entre otros.

"Los vecinos de La Aldea tuvieron que ver cómo los retrasos en la ejecución de la carretera los obligó a estar aislados durante muchísimos meses", subraya el presidente, quien agregó que el Estado incumplió de forma "deliberada".

Y es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy actuó en contra de los informes de la Abogacía del Estado, que no recomendaba que se suspendiera unilateralmente el convenio porque, como reza la sentencia, "no cabe duda del carácter vinculante de los convenios de colaboración", lo que da una idea de la irresponsabilidad de la actuación.

El Gobierno central deberá ahora abonar 138 millones de euros solo referentes al ejercicio de 2012, lo que también da una idea del calibre del incumplimiento.