Una auditoría del Gobierno de Canarias certifica la excelente salud financiera de las cuentas del Ayuntamiento

La aprobación de este informe externo de la liquidación de la cuenta general de 2016 por parte del Pleno de hoy abre la puerta al ingreso en las arcas municipales de los 19,5 millones que aún quedaban por recibir del Fondo Canario de Financiación Municipal

Pepe Rodríguez 1 de enero de 2018

Una auditoría del Gobierno de Canarias certifica la excelente salud financiera de las cuentas del Ayuntamiento
Imagen de archivo

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado esta mañana la Auditoría de Gestión del Consistorio realizada por el Gobierno de Canarias en base a la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2016 y que certifica la excelente salud financiera de las cuentas de la Administración local. Esta toma en consideración, prevista en la Ley 3/1999, del Fondo Canario de Financiación Municipal, es el último paso para que las arcas municipales puedan ingresar el 65% que aún está pendiente de recibir de esos fondos, es decir, 19,5 millones de euros que en pocos días pasarán a engrosar el presupuesto del Ayuntamiento de la capital.

Hace diez días, y también en sesión plenaria, se aprobó de manera definitiva la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016, paso previo a esta auditoría realizada por el Gobierno de Canarias que permitirá ingresar la totalidad del Fondo Canario de Financiación Municipal que le corresponden este año a la Corporación capitalina, 30 millones de euros. El Ayuntamiento, a modo de adelanto ya había recibido un 35% de esos fondos, 10,5 millones de euros.

Durante la presentación de este punto del pleno, el coordinador general de Economía y Hacienda, David Gómez, explicó que esta auditoría ratifica la buena gestión y el estado de las cuentas municipales. "Lo más importante es la situación económica y financiera que refleja la auditoría y que nos sitúa en unos niveles de salud financiera muy por encima de los valores de referencia que marca la Ley", señaló.

Gómez recordó que la Ley 3/1999 establece cinco parámetros que evalúan la situación económica y financiera del municipio y la Auditoría de Gestión evalúa el cumplimiento de los mismos (y otros adicionales) al 31 de diciembre de 2016 con unos resultados más que óptimos.

La citada auditoría certifica que todos los indicadores de saneamiento económico del Ayuntamiento han mejorado respecto a 2015. Respecto a los Condicionantes de Libre Disposición, ha mejorado la Gestión Recaudatoria (del 81% ha pasado al 84%) y ha disminuido el Esfuerzo Fiscal, con respecto al resto de municipios (del 123 al 113%).

El Ahorro Neto, medido en términos de Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes - Amortización de Préstamos se situó en el 10% de los ingresos corrientes, un 2% más que en 2015.

El Endeudamiento a Largo Plazo disminuyó en 2016 respecto al ejercicio anterior situándose en el 15,7% de los ingresos corrientes, cumpliendo el valor requerido por la Ley que lo fija en menos del 70% de los ingresos corrientes.

El Remanente de Tesorería mejora en 8,8 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, situándose en el 74,8 de los ingresos corrientes y cumpliendo con el índice de referencia (1%).

La Gestión Recaudatoria, medida en Recaudación Líquida sobre los Derechos Reconocidos Netos aumenta en 3 puntos porcentuales respecto al 2015, situándose en el 84,1% cumpliendo el límite establecido del 75%.
Del cumplimiento de estos cinco parámetros depende la finalidad que el Ayuntamiento puede asignar a las cantidades que ingresa el Gobierno de Canarias mediante el Fondo Canario de Financiación Municipal. Al cumplir todos los indicadores previstos por la Ley, el 50% de esos 30 millones se pueden dedicar a inversión y no a saneamiento de las cuentas, como hubiera ocurrido de incumplir alguno de ellos. El otro 50% de estos fondos, según recoge la Ley, se pueden dedicar para gastos de libre disposición.

Al cumplir todas las exigencias de la citada Ley, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria evita la devolución de 10,5 millones de euros (el 35% de los Fondos) ya adelantados por el Gobierno regional, que es la penalización prevista en el artículo 19.6 de esta norma para los municipios que no cumplen.