La correcta utilización del suelo rústico protagoniza la sesión del programa formativo continuo de la Ley del Suelo

Durante este curso, celebrado en Gran Canaria y Tenerife, se destacó que el principal objetivo de la nueva Ley en este apartado es simplificar los procedimientos administrativos, además de ofrecer seguridad jurídica tanto a quienes deben aplicar la norma, como a la ciudadanía

La Consejería que dirige Nieves Lady Barreto organiza, en colaboración con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) estas sesiones destinadas a técnicos de las administraciones locales con el fin de resolver dudas sobre la normativa que entró en vigor el pasado 1 de septiembre

Pepe Rodríguez 28 de septiembre de 2017

La correcta utilización del suelo rústico protagonizó ayer en Tenerife y el pasado día 20 de setiembre en Gran Canaria, una nueva sesión del programa de formación continua sobre la Ley del Suelo y los Espacios naturales Protegidos, que ha puesto en marcha la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad en las Islas y que mantendrá a lo largo del año en Canarias.

Con este curso de formación, el Gobierno quiere garantizar la correcta aplicación de la Ley y con ella conocer las vías legales dentro de esta ley, tales como el estatuto de la propiedad del suelo, planificación y evaluación ambiental, gestión urbanística, intervención y disciplina urbanística, régimen sancionador y régimen transitorio.

En ese sentido, y ante más de un centenar de participantes, técnicos de las administraciones locales a quienes va dirigido este curso, la jefa del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Leirachá, realizó un repaso por las principales novedades que se presentan en la aplicación de la nueva Ley por parte de las administraciones locales.

Así, destacó que el principal objetivo de este apartado es simplificar los procedimientos administrativos, además de ofrecer seguridad jurídica tanto a los operadores técnicos y jurídicos que deben aplicar la norma, como a la ciudadanía, a la hora de interpretar los usos e intervenciones que se permiten en suelo rústico.

La ponente aclaró en su intervención que, junto a los usos antes impropios del suelo rústico, y ahora entendidos como propios del mismo, que han sido debatidos, se aclaran conceptos como el "fuera de ordenación", que reconoce el uso como consolidado, dando una salida, así, a la realidad del Archipiélago, donde la existencia de usos de restauración o residenciales en suelos no aptos sobre los que hubiera pasado el plazo de restablecimiento no podían ser encauzados a la legalidad.

Destacó, también, que la nueva Ley incluye una mayor concreción en lo que se puede o no se puede implantar en cada categoría de suelo rústico, "con la determinación, por ejemplo, de un régimen específico para los observatorios astrofísicos, por el que se permite su implantación en suelos rústicos en clara lógica con su propia naturaleza".

Promoción del sector agrario
Según la experta, con la nueva Ley, los usos e intervenciones en suelos rústicos están ahora presididos por una clara potenciación de los suelos de protección económica, fundamentalmente los agrarios, "promoviendo el sector agrario con usos complementarios que redundan en beneficio de los agricultores y ganaderos, generando rentas complementarias a sus explotaciones, además de facilitar los usos propios del suelo rústico, de forma que una serie de actuaciones quedan exentas de títulos habilitantes, otras necesitarán comunicación previa y, las más, licencias".

Los ponentes que intervendrán en este curso formativo serán, en su mayoría, abogados y especialistas en Derecho Urbanístico, que desgranarán durante las sesiones aspectos como el Registro de Planeamiento de Canarias, los instrumentos de ordenación ambiental, territorial y urbanística, el régimen jurídico de la gestión urbanística, los procedimientos administrativos, las garantías de los ciudadanos, entre otros muchos aspectos fundamentales para alcanzar los objetivos de transparencia, eficacia y cercanía al ciudadano que persigue la Consejería de Política Territorial.