La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, ha explicado que ayer recibió la notificación del alto tribunal aunque ha evitado profundizar hasta estudiar a fondo el auto.

RECURSO DEL EJECUTIVO CENTRAL

La suspensión provisional del proyecto es consecuencia del recurso contencioso-administrativo presentado el pasado verano por la Delegación del Gobierno en la Comunitat, de Valencia, bajo el argumento de la falta de agua para garantizar el abastecimiento de las 13.000 viviendas.

El citado recurso también se sostenía en que el citado plan urbanístico había sido aprobado al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que lleva años en tramitación y que está a punto de ser culminado.

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, ha indicado hoy que desde la Administración central se es "respetuoso" con las decisiones de los tribunales.

Ha proseguido que ahora se abrirá un plazo en el que el ayuntamiento de Alicante podrá recurrir o bien presentar la documentación "complementaria" si considera que la suficiencia de recursos hídricos está garantizada antes de que la Justicia se pronuncie con carácter definitivo.

POLÉMICA CON EL AGUA

El plan urbanístico de Rabasa ha sido objeto de polémica desde que comenzó a idearse en el año 2002, y prevé actuar sobre 4,2 millones de metros cuadrados en el área metropolitana de la capital para la construcción de las alrededor de 13.000 viviendas.

El plan, que entre otros está previsto que sea desarrollado por el constructor alicantino Enrique Ortiz -máximo acionista del Hércules C.F- recoge la ordenación de las lagunas de Rabasa, algo que suscitó mucha oposición entre colectivos conservacionistas.Enrique Ortiz, en su calidad de administrador único de Viviendas Sociales del Mediterráneo (Visomed), empresa adjudicataria de la urbanización de Rabasa, ha estado envuelto en la polémica desde el principio.

Además, en ese entorno se estaba ultimando la ubicación de una gran superficie de la multinacional sueca del mueble Ikea.