El Consejo de Ministros remitirá a las Cortes el proyecto de ley que fija las obligaciones de transparencia e información de estas empresa.
4 de julio de 2008
A las Cortes llegará el proyecto de ley que regula la concesión de créditos y de préstamos hipotecarios por empresas que no son entidades financieras, así como los servicios de intermediación o reunificación de deudas.
El proyecto de ley fija las obligaciones de transparencia e información de dichas empresas que se traducen en elementos de protección a los consumidores, según ha explicado el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria.
Entre dichas obligaciones está la inscripción "imprescindible" de las compañías en un registro público estatal, que se creará para incluir a las entidades no financieras y se nutrirá fundamentalmente de los registros similares autonómicos.
Transparencia e informaciónLa nueva norma regulará la transparencia en los contratos, en la publicidad que se envíe, en el tipo de interés anual aplicado o en el precio total incluyendo las comisiones y gastos.
Además, fijará la información previa que las entidades no financieras envían al consumidor para que tengan el "contenido mínimo" de los contratos, al menos, 15 días antes de su firma y si existe la obligación de que el cliente contrate un seguro de responsabilidad o un aval bancario.
Incluirá también la posibilidad de que el consumidor pueda desistir en 14 días y tendrá la finalidad de proteger al consumidor asegurándole en todo momento un conocimiento "pleno" de los términos en que se realiza cada operación para que pueda decidir libremente.
Con esta norma, el Gobierno trata de proteger los derechos de los consumidores al evitar falsos anuncios de "supuestos créditos milagrosos" o condiciones financieras "aparentemente irresistibles" y, al mismo tiempo, dotar de seguridad jurídica a las entidades no financieras.
El proyecto afecta a un gran número de empresas particulares, conocidas como entidades de mediación de créditos y que no están sometidas a la supervisión del Banco de España ya que no son entidades financieras.
El Gobierno explicó que a pesar de tratarse de un sector de actividad de "importancia creciente" en España, la normativa actual resulta "fragmentaria e incompleta" y se refiere fundamentalmente a las entidades de crédito convencionales.
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