La Generalitat valora la responsabilidad sindical y espera que se refrende el preacuerdo

Representantes de los funcionarios de prisiones y del Departamento de Justicia firmaron anoche un preacuerdo en la negociación de los ajustes, que prevé rebajas en complementos salariales y días festivos, tras una maratoniana jornada de negociación que se ha prolongó durante unas 15 horas y que finalizó a las 03:15 de esta madrugada.

Tal como avanzó anoche Efe y según fuentes sindicales, el preacuerdo pondría fin por el momento a la negociación que durante más de un mes han mantenido los funcionarios con la dirección general de Prisiones, con duras protestas que han llegado a bloquear los accesos a centros penitenciarios.

El director general de Servicios Penitenciarios, Ramon Parés, ha declarado hoy a Efe que si finalmente el preacuerdo es ratificado por las plantillas de prisiones, "será muy positivo" desactivar este conflicto, sobre todo por el "acto de responsabilidad" de ambas partes en un momento de recortes debido a la crisis económica.

Según las condiciones del borrador del preacuerdo que ahora está sobre la mesa, los funcionarios de prisiones conservarían un complemento retributivo de 110 euros que la administración pretendía eliminar.

Sin embargo, ese complemento salarial quedaría reducido a 95 euros mensuales en las nóminas del año 2012, ascendería a 110 en el 2013 y se aumentaría hasta los 120 euros a partir del 1 de julio de ese año.

Otro de los grandes puntos de enfrentamiento entre ambas partes han sido los 16 días festivos extraordinarios de que disponen los funcionarios de prisiones.

Si sigue adelante el acuerdo que se está ultimando, finalmente los trabajadores de las cárceles catalanas perderían dos de esos 16 días festivos extraordinarios sin la condición que inicialmente les exigía la administración de que para disfrutarlos tuvieran que trabajar necesariamente días festivos.

En el caso de que la semana que viene el preacuerdo sea ratificado por las plantillas de las prisiones catalanas, el acuerdo deberá ser ratificado por la mesa general de negociación, por la dirección de Función Pública de la Generalitat y por el departamento de Economía, extremos estos últimos que Parés da por seguros puesto que todos han formado parte de las negociaciones.